Dos de los adjudicatarios del pelotazo de las viviendas protegidas de Alicante renuncian a ellas

Dos de los adjudicatarios de las polémicas Viviendas de Protección Pública (VPP) de Alicante ya han renunciado a sus pisos, según asegura el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP). Ninguno de los dos, no obstante, son los altos cargos y técnicos municipales y de la consejería de Vivienda, o sus familiares, que pudieron beneficiarse de un presunto trato de favor, tal como está investigando una jueza de Alicante. Barcala confirma que las dos personas que han devuelto las viviendas “no son relevantes” ni han aparecido en los medios de comunicación a raíz del escándalo.

El presunto “pelotazo”, tal como lo llegó a describir el propio alcalde alicantino, consistió en la adjudicación irregular de VPP en la urbanización Les Naus, inmuebles de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero situados en un complejo de lujo con piscina, gimnasio, pistas deportivas y un centro social en la zona de La Condomina, del distrito de la playa de San Juan, uno de los más privilegiados de la ciudad. En principio, tendrían que haber sido asignadas a unidades familiares que no ingresaran más de 54.000 euros anuales y que tuvieran las casas como primera residencia. Sin embargo, la promotora entregó, al parecer, las llaves a personas vinculadas con el PP, como la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y sus suegros, dos hijos y un sobrino de la directora general municipal María Pérez-Hickman, la expareja del jefe de gabinete de la consejería de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y varios técnicos de la concejalía de Urbanismo y de la consejería de Vivienda. Tanto Gómez como Pérez-Hickman y Sánchez han dimitido de sus cargos.

La lista de beneficiarios ha ido sumando nombres. Como los de una interventora del Ayuntamiento de Sant Joan o el hijo de una concejala de San Vicente del Raspeig, según han publicado diversos medios locales. También se ha detectado que alguna de estas viviendas pudo venderse, tal como aparecía en anuncios de webs inmobiliarias revelados por Compromís, incluso con pagos en negro que duplicaban su valor original, de unos 200.000 euros en una zona en la que los pisos cuestan, de media, el doble. Ventas de garajes o alquileres de viviendas son otros de los negocios ilícitos que los adjudicatarios irregulares podrían haber cometido con sus propiedades. Todo ello lo está investigando una jueza de Alicante, que ha reunido todas las denuncias interpuestas, como las del grupo municipal del PSOE, de Sumar, de la consejería de Vivienda, que ha solicitado al consistorio de Alicante que envíe a la Policía Local a preguntar piso por piso, o del sindicato Manos Limpias, y que acaba de recabar también la investigación emprendida por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos delitos cometidos, están los de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Barcala confía en que las dos renuncias sean solo las primeras, y que “sigan otras muchas”. Insta a quienes tengan “la más mínima duda” de la legalidad de su adjudicación a que “entreguen” los pisos, para que lleguen “a quienes tenían derecho a ello”. En cuanto al destino que se dará a los inmuebles devueltos, el primer edil popular, a quien toda la oposición municipal, incluidos sus socios de Vox, han pedido su dimisión, señala que será Vivienda quien estipule el protocolo de actuación para sustituir a los propietarios.