Los estadounidenses están llamados el próximo martes a decidir en miles de contiendas si renuevan o confirman a congresistas y gobernadores, y también a alcaldes, miembros de distritos escolares o jueces. Hay, además, centenares de referéndums convocados, aunque tal vez ninguna de esas votaciones tenga tanto potencial para cambiar a largo plazo las reglas de esta democracia como la Iniciativa 194 (I-194), en Montana.. Seguir leyendo
Los estadounidenses están llamados el próximo martes a decidir en miles de contiendas si renuevan o confirman a congresistas y gobernadores, y también a alcaldes, miembros de distritos escolares o jueces. Hay, además, centenares de referéndums convocados, aunque tal vez ninguna de esas votaciones tenga tanto potencial para cambiar a largo plazo las reglas de esta democracia como la Iniciativa 194 (I-194), en Montana.
Los ciudadanos de ese Estado del oeste se encontrarán esta pregunta en la papeleta: “¿Se debería prohibir que empresas y ‘entidades fantasma’ gasten dinero en campañas políticas o aporten a las campañas de candidatos en Montana?”. Si una mayoría responde que sí, cambiará la ley sobre financiación electoral, y decenas de otros Estados podrían seguir una senda que estrenó esta primavera Hawái. Si no, las cosas se quedarán como están.
Y están así desde 2010, cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia Citizens United que, con cinco votos a favor y cuatro en contra, eliminó los límites del gasto de empresas, sindicatos y otras organizaciones a la hora de financiar a candidatos, pues dio a estas los mismos derechos en materia de libertad de expresión que asisten a los ciudadanos en virtud de la Primera Enmienda. Aportan fondos parapetados en el anonimato, a través de entidades brumosas que no es posible saber en nombre de quién hablan.
La decisión sentó un histórico precedente y alumbró el corrupto círculo vicioso de lo que se conoce en Estados Unidos como “dinero oscuro” (dark money). Funciona de la siguiente manera: una corporación o un Gobierno extranjero que busque influir en política, pero que prefiera no airear sus intenciones, dona una cantidad a una entidad opaca, que la emplea en hacer publicidad en favor de un candidato que vaya a defender los intereses del donante. Cuando el aspirante untado con ese dinero oscuro sale elegido, es de esperar que devuelva el favor apoyando políticas convenientes para quienes financiaron su campaña.
En los 16 años que han pasado desde la sentencia, muchos grupos, políticos, periodistas de investigación y activistas han dedicado sus esfuerzos a pensar cómo acabar con sus efectos. Pero el investigador del laboratorio de análisis de Washington Centro para el Progreso Estadounidense Tom Moore, que antes trabajó en la Comisión Federal de Elecciones (FEC son sus siglas en inglés), dio con su propia solución. La plasmó en septiembre de 2025 en un documento titulado El reajuste del poder corporativo que vuelve irrelevante a ‘Citizens United’.
Empieza así: “Desde que el Supremo desmanteló la legislación sobre la financiación electoral en 2010, se nos ha dicho a los estadounidenses que solo existen dos formas de frenar el dinero oscuro en política: enmendar la Constitución o esperar a que el propio tribunal revierta ese precedente. Pues bien: eso es totalmente falso”.
Tocar la ley fundamental es prácticamente imposible. Y la composición del Supremo, con su supermayoría conservadora y los cargos vitalicios de sus nueve magistrados, no aconseja esperar pronto un cambio de idea. Así que “para limpiar la democracia de ese dinero tan corrosivo”, Moore propuso que fueran los Estados los que, uno a uno, tomaran cartas en el asunto por dos vías distintas: convocando un referéndum o sacando adelante una ley en el Parlamento, como hizo Hawái con una norma aprobada en abril que entrará en vigor en junio del año que viene. Si Montana vota sí, el cambio se hará efectivo en su caso cinco meses antes, en enero de 2027.
Una vez publicado, Moore distribuyó su documento entre amigos y expertos en ley electoral. “Esa misma noche, Jeff me llamó y me dijo: ‘Tom, vamos a hacerlo en Montana”, recordó Moore la semana pasada en una entrevista con EL PAÍS.
Jeff es Jeff Mangan, fundador de algo llamado Iniciativa por la Transparencia Electoral y amigo de Moore de sus tiempos de la FEC. Al día siguiente de esa conversación telefónica, aquel se puso “manos a la obra”. Arrancó una “especie de gira” para averiguar qué apoyo encontraba entre los ciudadanos de un Estado con la extensión de Alemania y una población (1,14 millones) similar a la de Chipre. “Todos nos conocemos en Montana”, advierte Mangan en una videoconferencia. “Es bastante gracioso”.
Necesitaban 31.000 firmas para forzar un referéndum, según el ordenamiento jurídico estatal. Consiguieron 50.000 entre marzo y junio de este año. Y entre las dos opciones que tenían —buscar una reforma de la Constitución o cambiar los estatutos de la ley electoral— optaron por la segunda. Bautizaron la operación como El Plan Montana
La iniciativa cuenta con el apoyo de representantes de ambos partidos (tal vez porque los dos se aprovechan de esas fuentes de financiación opacas por igual), aunque el republicano se ha manifestado en contra al considerar que “la I-194 privaría, de manera clara y flagrante, a las pequeñas empresas familiares, organizaciones y asociaciones de Montana de sus derechos constitucionales de libertad de expresión”. También han dado un paso al frente para oponerse entidades como la Cámara de Comercio, la Asociación Minera de Montana u otros grupos industriales.
Mangan explica que la opacidad en las elecciones lleva años fuera de control; el Brennan Center cifra en 2.000 millones de dólares el dinero sucio que enfangó la campaña presidencial de 2024. También, que tanto la única encuesta realizada (que arrojó el año pasado un 75% de apoyo) como la historia le asisten: “Fuimos uno de los primeros Estados que prohibió el gasto corporativo con la Ley de Prácticas Corruptas de 1912, que estuvo en vigor hasta Citizens United″, recuerda.
Tras la sentencia, Montana peleó para que esa norma prevaleciera sobre el fallo del alto tribunal: llevaron su causa hasta el Supremo, cinco de cuyos jueces les quitaron la razón. Si la Iniciativa 194 sale adelante el próximo martes, es muy probable que acabe de nuevo ante el alto tribunal.
Montana fue asimismo el objeto de estudio del influyente documental de la televisión pública PBS Dark Money (2018), que Mangan proyecta allá donde puede estos días para convencer a los votantes. Dos años antes, la publicación del sobresaliente libro Dinero oscuro (Debate), de la periodista del New Yorker Jane Mayer, había servido para abrir los ojos a muchos de sus compatriotas sobre una práctica que, desde una perspectiva europea, solo cabe calificar de corrupción legalizada.
La influencia del dinero en la política estadounidense alcanzó nuevas cotas con la irrupción de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en la campaña que devolvió a Donald Trump a la Casa Blanca, a la que aportó más de 290 millones de dólares. Esa operación —contra la que la I-194 no puede hacer nada, pues Musk actuó a cara descubierta— ha colocado las sombras de la financiación electoral en el centro de la conversación: algunas encuestas indican que la corrupción ha desbancado al coste de la vida en la cúspide de las preocupaciones de los votantes.
De ahí que Moore considere que este es el momento decisivo para acabar con Citizens United, Estado a Estado. Unos 30, calcula, van a llevar a sus parlamentos iniciativas similares a las de Montana y Hawái el próximo año, mientras Mangan cuenta que está en contacto con activistas y políticos por todo el país para ayudarlos a avanzar en sus planes. Desde el Capitolio de Washington, tienen el apoyo de representantes como el demócrata Ro Khanna, que en una conversación con este diario prometió recientemente que impulsará una reforma de calado en Washington “cuando haya 25 o 30 Estados con leyes propias”.
Si eso sucediera, además de para cambiar las reglas del juego de esta democracia, todo esto habrá servido para marcar otro hito: no todos los días el documento de un think tank como el que escribió Moore hace un par de años tiene efectos más allá de la burbuja teórica de la discusión política de Washington.
