Los robos de cable se han convertido en un tormento tanto para Adif como para los que viajan en tren en España. El gestor de infraestructuras ferroviarias ha presentado en el primer semestre de este año 409 denuncias por la sustracción de diferentes tipos de cables en su red, una cifra que casi supera las denuncias presentadas durante todo 2025, año récord en robo de cable desde 2018.. El robo de estos elementos, fundamentales para la explotación ferroviaria, causa graves perjuicios al servicio, ya que afecta directamente a diversos sistemas empleados en la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en las circulaciones, llevando a interrupciones del servicio que se pueden prolongar durante horas, como ha ocurrido en las últimas semanas en el corredor de alta velocidad que enlaza Madrid con Andalucía.. Ante los perjuicios que están acarreando estos robos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal. La propuesta incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.. Pero algunas comunidades autónomas como Cataluña han decidido tomar cartas ya en el asunto para castigar con más dureza a los autores de estos delitos. La región, haciendo uso de sus competencias, ha introducido una modificación en la Ley 4/2006 del sector ferroviario para endurecer las multas por estos robos y por otro tipo de acto vandálico que afecta especialmente al servicio de cercanías catalán, Rodalies: los grafitis.. El cambio legal, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estipula que la infracciones leves que tipifica la ley se sancionen con una advertencia o una multa de hasta 18.000 euros, o con ambas cosas. Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 18.001 hasta 90.000 euros y las muy graves, con una multa desde 90.001 hasta 900.000 euros. Entre estas últimas se incluye «deteriorar, destruir o sustraer cualquier elemento de la infraestructura ferroviaria o del material rodante que afecte a la vía férrea o esté directamente relacionado con la seguridad del tráfico ferroviario, o modificar intencionadamente sus características».. Además, el cambio aprobado por la Generalitat de Cataluña añade un apartado bis al artículo 64 de la Ley Ferroviaria que tipifica como infracción grave hacer pintadas en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante que los desluzcan, los deterioren, afecten a su imagen o afecten a la calidad en la prestación del servicio. Además, añade que si estas actuaciones conllevan la parada total o parcial del servicio ferroviario o alteran su normal funcionamiento, el importe de la sanción debe situarse «en la mitad superior del intervalo de importes correspondiente a las infracciones graves».. Como explica el preámbulo de la disposición publicada por el BOE, las conductas incívicas en las infraestructuras gestionadas por Rodalies se han convertido en los últimos años en un problema «tan visible como preocupante. No es solamente una cuestión de estética, sino que tiene una doble afectación, en cuanto, por un lado, a las carencias en la prestación del servicio y, por otro, al coste para la administración de las actuaciones de restauración», explica.. La Generalitat detalla que, según los datos de Renfe, en 2023 la limpieza de pintadas en sus elementos rodantes costó 11,6 millones de euros solo en Cataluña, casi la mitad del total de todo el Estado. Esto equivale a unos 32.000 euros diarios dedicados a limpiar grafitis, reparar daños y reforzar la vigilancia. En el mismo período, se registraron más de 2.300 intrusiones de grafiteros en instalaciones ferroviarias y se invirtieron 7.500 horas de trabajo para eliminar pintadas que cubrían más de 70.000 metros cuadrados de superficie de trenes.
Los robos de cable se han convertido en un tormento tanto para Adif como para los que viajan en tren en España. El gestor de infraestructuras ferroviarias ha presentado en el primer semestre de este año 409 denuncias por la sustracción de diferentes tipos de cables en su red, una cifra que casi supera las denuncias presentadas durante todo 2025, año récord en robo de cable desde 2018.. El robo de estos elementos, fundamentales para la explotación ferroviaria, causa graves perjuicios al servicio, ya que afecta directamente a diversos sistemas empleados en la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en las circulaciones, llevando a interrupciones del servicio que se pueden prolongar durante horas, como ha ocurrido en las últimas semanas en el corredor de alta velocidad que enlaza Madrid con Andalucía.. Ante los perjuicios que están acarreando estos robos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal. La propuesta incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.. Pero algunas comunidades autónomas como Cataluña han decidido tomar cartas ya en el asunto para castigar con más dureza a los autores de estos delitos. La región, haciendo uso de sus competencias, ha introducido una modificación en la Ley 4/2006 del sector ferroviario para endurecer las multas por estos robos y por otro tipo de acto vandálico que afecta especialmente al servicio de cercanías catalán, Rodalies: los grafitis.. El cambio legal, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estipula que la infracciones leves que tipifica la ley se sancionen con una advertencia o una multa de hasta 18.000 euros, o con ambas cosas. Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 18.001 hasta 90.000 euros y las muy graves, con una multa desde 90.001 hasta 900.000 euros. Entre estas últimas se incluye «deteriorar, destruir o sustraer cualquier elemento de la infraestructura ferroviaria o del material rodante que afecte a la vía férrea o esté directamente relacionado con la seguridad del tráfico ferroviario, o modificar intencionadamente sus características».. Además, el cambio aprobado por la Generalitat de Cataluña añade un apartado bis al artículo 64 de la Ley Ferroviaria que tipifica como infracción grave hacer pintadas en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante que los desluzcan, los deterioren, afecten a su imagen o afecten a la calidad en la prestación del servicio. Además, añade que si estas actuaciones conllevan la parada total o parcial del servicio ferroviario o alteran su normal funcionamiento, el importe de la sanción debe situarse «en la mitad superior del intervalo de importes correspondiente a las infracciones graves».. Como explica el preámbulo de la disposición publicada por el BOE, las conductas incívicas en las infraestructuras gestionadas por Rodalies se han convertido en los últimos años en un problema «tan visible como preocupante. No es solamente una cuestión de estética, sino que tiene una doble afectación, en cuanto, por un lado, a las carencias en la prestación del servicio y, por otro, al coste para la administración de las actuaciones de restauración», explica.. La Generalitat detalla que, según los datos de Renfe, en 2023 la limpieza de pintadas en sus elementos rodantes costó 11,6 millones de euros solo en Cataluña, casi la mitad del total de todo el Estado. Esto equivale a unos 32.000 euros diarios dedicados a limpiar grafitis, reparar daños y reforzar la vigilancia. En el mismo período, se registraron más de 2.300 intrusiones de grafiteros en instalaciones ferroviarias y se invirtieron 7.500 horas de trabajo para eliminar pintadas que cubrían más de 70.000 metros cuadrados de superficie de trenes.
