El desacuerdo se centra en una sola palabra, «lo siento», pero se refiere a una posible amenaza de miles de millones de euros, lo que dificulta el logro de una resolución concluyente. El rey Carlos III y la reina Camilla se embarcan en su viaje inaugural como gobernantes a numerosas regiones, que anteriormente eran colonias del Imperio Británico y actualmente constituyen la Commonwealth. Información adicional
El conflicto gira en torno a una sola palabra, ‘perdón’, pero implica un riesgo potencial de miles de millones de euros que impide una solución definitiva. Carlos III de Inglaterra y su esposa Camilla inician este martes su primer viaje como monarcas a varios territorios que fueron en su día colonias del Imperio Británico y hoy forman parte de la Commonwealth.
La agenda incluye estancias y actos oficiales en Antigua y Barbuda, donde acudirán a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM, en sus siglas en inglés), así como en Bahamas y Guyana. Carlos III volverá a enfrentarse a protestas y manifestaciones planeadas, así como a la exigencia renovada de que el Reino Unido pida perdón por todo el sufrimiento provocados tras siglos de comercio de esclavos.
El palacio de Buckingham ya ha dejado claro que el rey, que tiene tres discursos previstos en su agenda, se atendrá a una política consolidada desde hace años por el Gobierno británico de no pedir disculpas formales por la trata de esclavos. En primer lugar, por el temor a que un reconocimiento oficial abra la vía a reclamaciones multimillonarias judiciales que resultarían difíciles de asumir por el Tesoro británico. Algunas estimaciones, como la de la Universidad de las Indias Occidentales, ha llegado a apuntar a gasto en reparaciones de más de 21.000 millones de euros.
En segundo lugar, porque la línea política defendida por sucesivos gobiernos británicos (el último, hace apenas un año, el del exprimer ministro laborista, Keir Starmer) ha sido la mirar hacia los retos futuros que comparten las naciones de la Commonwealth y dejar atrás el pasado. En repetidas ocasiones se han utilizado fórmulas retóricas como la de “expresar el dolor ante el horror de la esclavitud”, pero sin llegar a la petición formal de disculpas que abriría la puerta a un reconocimiento de responsabilidad legal.
“En cada país que visita [el rey] hay monumentos y lugares que reflejan la dolorosa historia del comercio transatlántico de esclavos. No es algo que el monarca vaya a ignorar, como se puede comprobar en discursos pasados”, ha explicado un portavoz del palacio.
Carlos III ha ido mucho más allá que su madre, la fallecida Isabel II, a la hora de dejar clara su solidaridad y dolor con el pasado de las colonias británicas. En una reunión previa del CHOGM en Kigali, en 2022, el aún príncipe de Gales expresó su “profundo pesar” por el pasado esclavista, y se refirió a “una conversación que había llegado la hora de abrir”, pero tampoco entonces pronunció una disculpa formal.
El mes pasado, CARICOM, como se denomina al grupo de 23 países que forman la Comunidad del Caribe, ya anunció que presionaría en la agenda del encuentro al que acude Carlos III para que se tratara el asunto de las reparaciones. “El Caribe ha afirmado siempre de manera consistente que es fundamentalmente un asunto de justicia”, dijo entonces la secretaria general de la organización económica y política, Carla Barnett. “Se trata de reconocer [el comercio de esclavos], asumir la responsabilidad e impulsar una transformación, además de contribuir a un futuro justo y equitativo de los descendientes de aquellos que, como propiedad de sus dueños coloniales, afrontaron sufrimientos incalculables, así como la pérdida de su vida y de su libertad”, añadió.
También en septiembre, el Gobierno de Jamaica trasladó a Carlos III una petición formal para que consultara al Comité Judicial del Consejo Privado (la instancia que resuelve cuestiones de los territorios de ultramar de Gran Bretaña) sobre las reparaciones. El monarca accedió a ello, y ya hay fijada una vista formal para marzo del año que viene en la que este tribunal deberá pronunciarse sobre tres cuestiones: si el traslado forzado de africanos a Jamaica fue legal, de acuerdo con la legislación británica de aquel momento; si constituyó un crimen contra la humanidad y si Gran Bretaña estaría obligada a proveer algún tipo de restitución por las prolongadas consecuencias derivadas de la esclavitud.
Entre los siglos XV y XIX se calcula que 12,5 millones de personas fueron capturadas y sacadas del continente africano. Al menos 3,5 de esos millones fueron responsabilidad del Imperio Británico.
