Las asociaciones judiciales se han reunido con el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo como parte de la ronda habitual para transmitirles sus impresiones de cara a la elaboración del informe sobre la materia que se publica todos los años respecto a cada Estado miembro. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ―la primera y la segunda de la carrera judicial, respectivamente― han expresado a los eurodiputados su “preocupación” por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha en el ámbito de la Justicia, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha puesto el acento en las campañas de “desprestigio” al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.. Seguir leyendo
Las asociaciones judiciales se han reunido con el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo como parte de la ronda habitual para trasladarles sus impresiones de cara a la elaboración del informe sobre la materia que se publica todos los años respecto a cada Estado miembro. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ―la primera y la segunda de la carrera judicial, respectivamente― han expresado a los eurodiputados su “preocupación” por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha en el ámbito de la Justicia, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha puesto el acento en las campañas de “desprestigio” al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
La APM, de corte conservador, ha sido la más contundente al alertar de lo que considera un “deterioro del Estado de derecho en España” debido a un empeoramiento del “clima institucional” y de “la percepción pública sobre la independencia judicial”, según ha informado en un comunicado
La asociación mayoritaria ha mencionado “el impacto institucional” de la condena a dos años de inhabilitación para el cargo y al pago de 17.200 euros que el Tribunal Supremo impuso al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde la APM explican a EL PAÍS que no solo ha erosionado la imagen de una institución que “debe tener neutralidad, reserva y ejemplaridad”, sino que ha suscitado un debate sobre la autonomía e imparcialidad del ministerio público y la necesidad de implantar “contrapesos sólidos” para garantizarlas en línea con los estándares europeos.
Además, la APM ha indicado que los eurodiputados se han interesado por “el papel y los límites funcionales del Tribunal Constitucional en relación con la jurisdicción ordinaria”, en cuya cúspide se sitúa el Supremo, y el Derecho de la UE, por cuyo cumplimiento vela el Tribunal de Justicia de la UE.
También les han preguntado sobre “el modelo de acceso a la carrera judicial”, que el Gobierno pretende reformar. La APM les ha transmitido su “preocupación” por dicha reforma, que afectará igualmente al acceso a la carrera fiscal. Esta y otras asociaciones (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) la rechazan porque creen que supondrá rebajar la exigencia en el proceso de selección, así como por la regularización de jueces sustitutos, al estimar que les permitirá incorporarse con más facilidades que a los opositores del turno libre. JJpD, por su parte, ve en la reforma un paso adelante, aunque también observó deficiencias en el proceso de regularización de jueces sustitutos.
En la misma línea, la APM ha advertido sobre “los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional”, poniendo el foco en “las serias disfunciones que está generando la implantación de los tribunales de instancia”. Sobre esto, ha subrayado que, “sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano”. Para la APM, “pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años, no se han consolidado mejoras estructurales”.
En la misma línea, la AJFV ha manifestado su “preocupación” por “varias reformas y proyectos legislativos que afectan directamente a la independencia judicial y al correcto funcionamiento de la Justicia en España”, según ha indicado a EL PAÍS, Ana González Olalla, miembro del Comité Nacional de la Francisco de Vitoria. Al igual que la APM, han aludido a la reforma del acceso a la carrera judicial para defender el actual sistema, “que garantiza objetividad, mérito y capacidad”, al tiempo que han dado la voz de alarma por la regularización de los jueces sustitutos, advirtiendo de que no puede servir para incorporarlos por “la puerta de atrás”.
Asimismo, han criticado la forma en la que se está llevando a cabo la implantación de los tribunales de instancia, “sin la dotación económica suficiente ni los medios materiales y humanos necesarios”. La portavoz de la AJFV les ha transmitido que, aunque la asociación comparte el objetivo de modernizar la Justicia, no se puede emprender de modo que suponga “más retrasos y colapso”. Al hilo, ha puesto de relieve la “brecha digital” en los juzgados y “el descenso constante” de jueces por jubilaciones, fallecimientos y excedencias, sin que las plazas convocadas en los últimos concursos sean suficientes para reponer estas vacantes.
La AJFV también ha aprovechado la ocasión para lamentar la falta de representación de sus miembros tanto en la composición del CGPJ como en los recientes nombramientos en la cúpula judicial.
Por último, ha expresado su “indignación” por “las continuas descalificaciones del Poder Judicial procedentes del Ejecutivo cuando no comparte determinadas resoluciones” por cuanto se traducen en “cuestionamientos sistemáticos de la independencia de los jueces”.
JJpD denuncia ataques políticos
En el marco de estos mismos contactos, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha denunciado “los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial, sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como es el significativo caso de los que sufre la jueza de instrucción que trata de determinar responsabilidades por las inundaciones que produjo la Dana en Valencia o la persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional”.
Además, en su propio comunicado, la asociación progresista ha puesto de relieve que “aún están pendientes de aplicación algunas medidas que distintos organismos internacionales han sugerido, como la reducción de los casos de aforamiento”.
Por otro lado, ha asegurado a los eurodiputados que “la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social”.
JJpD ha sostenido que se han hecho “algunos avances” para reforzarla, como la presentación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que plantea que las investigaciones penales pasen de los jueces a los fiscales, porque “separa con claridad la función de investigación y las de garantía”; “la previsible mejora de la carga trabajo de la judicatura con la creación este año de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027; o el proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar la coincidencia del mandato del fiscal general del Estado con la del Gobierno que lo designa”.
Foro Judicial Independiente se queda fuera
Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación ―también en número de miembros―, no ha participado en esta ronda de contactos con eurodiputados porque no ha sido invitada, algo que le ha llevado a hacer un escrito de protesta, al que ha adjuntado sus impresiones sobre la evolución del Estado de derecho en España en el último año.
En ese escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, FJI señala la “aprobación de leyes controvertidas”, como las ya mencionadas reformas de acceso a las carreras judicial y fiscal y la implantación de los tribunales de instancia, porque “afectan a la independencia del sistema judicial en su conjunto”.
Recrimina asimismo los “ataques permanentes a la función judicial desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento” y la configuración del CGPJ como “un órgano fuertemente politizado” dominado por “bloques ideológicos”. Además, recalca la “necesidad” de reformar la Fiscalía “para garantizar la independencia y autonomía” de la institución, así como de frenar las “puertas giratorias” y aumentar el número de jueces.
