Ángel Gabilondo se ha despedido este martes como Defensor del Pueblo después de cinco años de trabajo, traducidos en cerca de 213.000 quejas (1.245 presentadas de oficio) que han desembocado en más de 14.000 resoluciones a diferentes administraciones públicas. A esos números se suman los seis recursos ante el Tribunal Constitucionalidad, uno de ellos de amparo por la suspensión del voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que ha marcado el final de su mandato. “Ni somos un ministerio, ni una embajada, ni una facción política, ni meros burócratas enredados como malabaristas en expedientes”, ha dicho Gabilondo en el patio de la sede del organismo delante de las personas que han trabajado estos años a su lado, a los que le ha insistido: “Somos personas ocupándonos de personas, que no se reducen a casos y quejas, que sin duda hemos de atender”. Gabilondo ha dado paso a Teresa Jiménez-Becerril, hasta ahora adjunta primera, que será, según indica la normativa, la nueva defensora en funciones hasta el nombramiento de un nuevo o nueva titular.. Seguir leyendo
Ángel Gabilondo se ha despedido este martes como Defensor del Pueblo después de cinco años de trabajo, traducidos en cerca de 213.000 quejas (1.245 presentadas de oficio) que han desembocado en más de 14.000 resoluciones a diferentes administraciones públicas. A esos números se suman los seis recursos ante el Tribunal Constitucionalidad, uno de ellos de amparo por la suspensión del voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que ha marcado el final de su mandato. “Ni somos un ministerio, ni una embajada, ni una facción política, ni meros burócratas enredados como malabaristas en expedientes”, ha dicho Gabilondo en el patio de la sede del organismo delante de las personas que han trabajado estos años a su lado, a los que le ha insistido: “Somos personas ocupándonos de personas, que no se reducen a casos y quejas, que sin duda hemos de atender”. Gabilondo ha dado paso a Teresa Jiménez-Becerril, hasta ahora adjunta primera, que será, según indica la normativa, la nueva defensora en funciones hasta el nombramiento de un nuevo o nueva titular.
Gabilondo, exministro de Educación entre 2009 y 2011, llegó al puesto el 10 de noviembre de 2021. Y tan solo unos meses después recibió del Congreso la encomienda más importante de su mandato: elaborar un informe sobre los casos de pederastia cometidos en el ámbito religioso. Los resultados, duros con la institución, convirtió a España en el país con la proyección más alta del mundo de víctimas de este tipo (una encuesta a 8.0000 personas cifró los afectados en un 1,13% de la población, que equivale a unas 440.000 personas). El estudio incorporó una batería de recomendaciones, entre las se incluía una para que el Estado y la Iglesia asumieran la tarea de indemnizar a las afectados. Una de las consecuencias directas de este trabajo (que incorporó la investigación periodística de EL PAÍS sobre el asunto) fue la firma de un protocolo entre el Gobierno, la jerarquía eclesiástica y Gabilondo para poner en marcha un sistema de reconocimiento y reparación. Un sistema en el que el defensor es el que tiene la potestad para fijar las cuantías y firmar las resoluciones finales. Otras tantas aún no se han cumplido ―a pesar de las promesas del actual Gobierno de ponerlas en marcha―, como realizar un acto de Estado para reconocer a los afectados.
El también catedrático de metafísica por la Universidad Autónoma de Madrid ha recorrido durante su discurso sobre los cinco años de trabajo: “Aquí hemos escuchado importantes palabras, sobre los acuerdos para el volcán de la Palma, sobre el informe de las víctimas de abusos, palabras de derechos humanos, palabras de efemérides, en el día de las mujeres, palabras de niños y de niñas…”. Gabilondo ha dedicado una parte de sus palabras a agradecer el trabajo de los que han estado a su lado, entre las que se encuentran sus dos adjuntas, Jiménez-Becerril y la segunda, Patrícia Bárcena.
Bajo su dirección, también inició dos actuaciones de oficio tras el salto a la valla de Melilla durante el verano de 2022 (en la que hubo 23 fallecidos) y otra después de la entrada masiva en Ceuta en julio de este año de más de 80.000 migrantes (y en la que murieron al menos 141 personas). En estos cinco años, también formuló numerosas recomendaciones a diferentes administraciones para paliar el problema de la falta de luz en la Cañada Real de Madrid, el conjunto de asentamientos ilegales levantados durante décadas al sureste de la capital. En sus sectores 5 y 6 viven sin luz eléctrica más de 4.000 personas, de las que más de 1.800 son niños y niñas.
Otros temas abordados por el organismo han sido las carencias en la Atención Primaria y las listas de espera, la protección de los trabajadores ante situaciones de temperaturas extremas, la mejora en la accesibilidad en las administraciones públicas para el sistema de cita previa y la recuperación presencial y el uso de “un lenguaje de fácil comprensión” en la Administración.
Además del estudio sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, el defensor ha presentado en el último lustro otros cinco informes sobre la “inclusión financiera”, la “violencia vicaria de género”, menores extranjeros no acompañados, “el sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual” y sobre el derecho a “una vivienda digna y adecuada”.
La ahora defensora en funciones, Teresa Jiménez-Becerril, estará en el cargo hasta que el Congreso apruebe por una mayoría de 3/5 un nuevo o nueva titular. Esta elección, en todo caso, dependerá del resultado de las próximas elecciones generales del 29N. Jiménez-Becerril (Sevilla, 1961) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster de Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán, según aparece en la web del organismo público. Fue eurodiputada del PP entre 2009 y 2019 y, desde ese año hasta su nombramiento como adjunta primera de Gabilondo en 2021, trabajó como diputada por Sevilla en el Congreso.
Jiménez-Becerril destaca también su labor como presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, asociación que lleva el nombre de su hermano, concejal de Sevilla del PP asesinado junto a su mujer en 1998 por orden del antiguo jefe de ETA Francisco Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. El atentado fue ejecutado por los miembros del comando Andalucía, José Luis Barrios y Mikel Azurmendi. Los tres fueron condenados por estos delitos hace más de una década.
