Un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella contra José Ángel González Jiménez, actual director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por un supuesto delito de agresión sexual. El magistrado David Maman Benchimol, que abre así una investigación contra el alto cargo del Cuerpo, lo ha citado a declarar el 17 de marzo en “calidad de querellado”. Ese mismo día, el juez también escuchará a la presunta víctima, según consta en una resolución fechada el 12 de febrero y a la que tuvo acceso EL PAÍS.. Seguir leyendo
Un juez de Madrid cita a declarar a José Ángel González el próximo 17 de marzo


Un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella contra José Ángel González, actual director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por un supuesto delito de agresión sexual. El magistrado David Maman Benchimol, que abre así una investigación contra el alto cargo del Cuerpo, lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo en “calidad de querellado”. Ese mismo día, según consta en una resolución fechada el 12 de febrero, el juez también escuchará a la presunta víctima.
Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante (también funcionaria de la Policía), ha explicado que presentaron una querella contra González por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según su relato, los hechos bajo sospecha ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente “se encontraba de servicio” y “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo”. Entonces, según añade el letrado, le ordenaron llevarlo a su “vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior”, donde el mando supuestamente la agredió sexualmente “con penetración”.
La denunciante asegura que el director adjunto operativo se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión, que la “causó lesiones” y que se prolongó “hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial”. “Posteriormente, la víctima fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, lo que la han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”, añade Piedrafita.
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