No. Esa fue la respuesta que tanto el sector de la construcción como Adif dieron al Ministerio de Transportes cuando les planteó cambiar los pliegos de contratación de sus obras para otorgar mucho más peso al precio que a los aspectos técnicos de las ofertas.. Tras estallar el escándalo de corrupción que implicó al anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, y al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que presuntamente habría amañado adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de impulsar cambios en los pliegos de contratación de las obras públicas para dar más peso a la oferta económica. El objetivo era eliminar en la medida de lo posible los criterios subjetivos a la hora de adjudicar proyectos para limitar todo lo posible cualquier sospecha encargos irregulares a dedo. Pero tanto la construcción como Adif se negaron en redondo a lo que les propuso Transportes.. En su opinión, convertir las licitaciones en meras subastas sería contraproducente porque ejecutar proyectos de gran envergadura como los que acomete Adif sin tener en cuenta otros aspectos como la pericia o capacidad técnica del contratista para acometerlos conllevaría importantes riesgos.. Las potenciales deficiencias del sistema también fueron denunciadas por las compañías encargadas de la conservación de las carreteras. Sin embargo, en su caso, no han podido evitar que los nuevos pliegos de esta suerte de subasta hayan sido firmados por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de quien depende este área.. En el sector de la conservación consideran que se les está utilizando como una especie «conejo de indias» para testar un sistema que ha sido incluso criticado por los propios técnicos del ministerio, como público LA RAZÓN en su edición del pasado 20 de marzo.. La patronal de empresas encargada de la conservación de las carreteras, Acex, también ha expresado públicamente su malestar con los nuevos pliegos, que ya han sido firmados por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de quien depende este área. La organización, a la que pertenecen empresas tan relevantes como Acciona, OHLA, Sacyr o Eiffage, ha asegurado que reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa el equilibrio recogido en la Directiva 2014/24/UE, que establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. A su juicio, el nuevo sistema «se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación».. Para Acex, la subasta «prima exclusivamente el precio más bajo, relegando a un segundo plano aspectos tan determinantes como la calidad técnica, la seguridad vial, la innovación o la sostenibilidad ambiental, determinantes de la eficiencia del servicio a largo plazo».. Además, la patronal considera que presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, «no responde al concepto jurídico de mejora, sino que convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor».. En su opinión, las subastas suponen un riesgo de menor durabilidad y más coste futuro, pues podrían utilizarse materiales menos duraderos o simplificarse procesos técnicos para compensar la presión económica.. Las discrepancias con los planes del Ministerio de Transportes respecto a los pliegos de los contratos de conservación de carreteras han ido más allá de sus técnicos y de las empresas del sector. A mediados del pasado mes de febrero, la que entonces era subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, dejó su cargo por su disconformidad con la dirección del ministerio.
No. Esa fue la respuesta que tanto el sector de la construcción como Adif dieron al Ministerio de Transportes cuando les planteó cambiar los pliegos de contratación de sus obras para otorgar mucho más peso al precio que a los aspectos técnicos de las ofertas.. Tras estallar el escándalo de corrupción que implicó al anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, y al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que presuntamente habría amañado adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de impulsar cambios en los pliegos de contratación de las obras públicas para dar más peso a la oferta económica. El objetivo era eliminar en la medida de lo posible los criterios subjetivos a la hora de adjudicar proyectos para limitar todo lo posible cualquier sospecha encargos irregulares a dedo. Pero tanto la construcción como Adif se negaron en redondo a lo que les propuso Transportes.. En su opinión, convertir las licitaciones en meras subastas sería contraproducente porque ejecutar proyectos de gran envergadura como los que acomete Adif sin tener en cuenta otros aspectos como la pericia o capacidad técnica del contratista para acometerlos conllevaría importantes riesgos.. Las potenciales deficiencias del sistema también fueron denunciadas por las compañías encargadas de la conservación de las carreteras. Sin embargo, en su caso, no han podido evitar que los nuevos pliegos de esta suerte de subasta hayan sido firmados por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de quien depende este área.. En el sector de la conservación consideran que se les está utilizando como una especie «conejo de indias» para testar un sistema que ha sido incluso criticado por los propios técnicos del ministerio, como público LA RAZÓN en su edición del pasado 20 de marzo.. La patronal de empresas encargada de la conservación de las carreteras, Acex, también ha expresado públicamente su malestar con los nuevos pliegos, que ya han sido firmados por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de quien depende este área. La organización, a la que pertenecen empresas tan relevantes como Acciona, OHLA, Sacyr o Eiffage, ha asegurado que reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa el equilibrio recogido en la Directiva 2014/24/UE, que establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. A su juicio, el nuevo sistema «se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación».. Para Acex, la subasta «prima exclusivamente el precio más bajo, relegando a un segundo plano aspectos tan determinantes como la calidad técnica, la seguridad vial, la innovación o la sostenibilidad ambiental, determinantes de la eficiencia del servicio a largo plazo».. Además, la patronal considera que presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, «no responde al concepto jurídico de mejora, sino que convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor».. En su opinión, las subastas suponen un riesgo de menor durabilidad y más coste futuro, pues podrían utilizarse materiales menos duraderos o simplificarse procesos técnicos para compensar la presión económica.. Las discrepancias con los planes del Ministerio de Transportes respecto a los pliegos de los contratos de conservación de carreteras han ido más allá de sus técnicos y de las empresas del sector. A mediados del pasado mes de febrero, la que entonces era subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, dejó su cargo por su disconformidad con la dirección del ministerio.
