«El sistema puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, pero ninguno de los argumentos del Gobierno permite afirmar que sea financieramente sostenible». Con esta contundencia ha advertido Fedea los problemas de financiación que afronta en sistema de pensiones, ya que el déficit contributivo supera el 4% del PIB y ha seguido creciendo pese a años de empleo y afiliación récord y con los ingresos tributarios en máximos históricos, una situación que se agravará en el medio plazo con la jubilación de la generación ‘babyboomer’.. El estudio, dirigido por el investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, pone en duda las afirmaciones realizadas por los diferentes miembros del Gobierno sobre las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA), los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las propias estadísticas oficiales. De este modo, los datos que utiliza el Ejecutivo para defender la solidez del sistema -correspondientes con la reforma de 2023, la recuperación del Fondo de Reserva en torno a los 20.000 millones de euros, dos avales de la AIReF a la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista- «no son falsos, pero tomados en conjunto ofrecen una imagen incompleta de la situación financiera del sistema, porque no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera», señala Calvo, que alerta de que esta situación no es sostenible en el tiempo. Y las cifras le dan la razón.. El saldo presupuestario de la Seguridad Social registró un déficit del 0,5 % del PIB en 2025, una cifra que atribuye al aumento de las transferencias estatales, que han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025, de 6.000 millones a rozar los 60.000 millones. Una vez descontados estos recursos, el déficit básico asciende al 4,1% del PIB -es decir, 59.500 millones- y el contributivo, al 3,8% (54.300 millones). «Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social han crecido en términos reales un 29% y el gasto en pensiones contributivas un 82%», por lo que explica financiar esa diferencia mediante transferencias desplaza el déficit dentro de las cuentas públicas, «pero no elimina su coste para el conjunto de las Administraciones». No en vano, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, ambas cantidades expresadas a precios de 2021, para evitar distorsiones. «Cubrir esa brecha con transferencias deja intacto el coste del sistema para el conjunto de las Administraciones y se limita a cambiar el lugar de las cuentas públicas en el que se registra».. En este contexto, como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, «lo que se está haciendo en la práctica es emitir deuda para financiar una aportación al Fondo de Reserva que no responde a ningún excedente del sistema», afirma el estudio, que incide en que los activos netos de la Seguridad Social Ampliada (SSA) -tiene en cuenta la hucha menos la deuda- han pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a ser negativos, «como un iceberg en el que la hucha es sólo la parte visible. Por debajo se acumulan la deuda con el Estado y las transferencias corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, que suman unos 320.000 millones de euros, elevando los recursos externos recibidos hasta 2025 a unos 436.000 millones, frente a una hucha de 12.200 millones al cierre de ese año. «En la parte más profunda figuran los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat cifra en 5,58 billones de euros en 2021, equivalentes al 452% del PIB».. En consecuencia, Fedea también avisa de que «como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo de Reserva -conocido como hucha de las pensiones- se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que rozaban los 67.000 millones de euros corrientes en 2011 (72.700 millones de euros constantes de 2021), son hoy negativos en unos 103.800 millones, al vaciarse desde 2012 para poder pagar pensiones hasta quedarse en poco más de 2.000 millones en 2019 tras la Gran Recesión. Desde 2023 vuelve a nutrirse gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que arrancó en el 0,6% y subirá hasta el 1,2% en 2029, con la que el Fondo sumaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026. En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha escalado desde los 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025 (unos 136.000 millones en euros corrientes).. Según las cuentas actuariales, el sistema promete pagar en promedio un 25% más de lo que financian las cotizaciones, mientras que la Airef proyecta que el gasto bruto pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050. Respecto a la regla de gasto incluida en la reforma de las pensiones, Fedea confirma que la Autoridad Fiscal validó su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB frente al límite del 13,3%. Sin embargo, también advertía sobre las cuentas de 2026 de que las referencias de esta regla «no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años», la cual alcanzaría el 123% del PIB en 2050 a políticas constantes, con transferencias implícitas al sistema de pensiones del 3% del PIB, por encima de los 50.000 millones.. Entre las propuestas que Calvo propone para intentar nivelar el sistema «la implantación de cuentas nocionales; crear un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con inscripción automática, para diversificar las rentas de los futuros jubilados, y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de su pensión futura.. «Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan» y, todas ellas, buscan asegurar que ese sistema siga existiendo «en condiciones razonables para quienes hoy cotizan». Por ello, estima que «sería deseable que la campaña dejara espacio para discutirlas con los datos sobre la mesa, en lugar de reducir el debate a una competición de promesas electorales».
«El sistema puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su déficit, pero ninguno de los argumentos del Gobierno permite afirmar que sea financieramente sostenible». Con esta contundencia ha advertido Fedea los problemas de financiación que afronta en sistema de pensiones, ya que el déficit contributivo supera el 4% del PIB y ha seguido creciendo pese a años de empleo y afiliación récord y con los ingresos tributarios en máximos históricos, una situación que se agravará en el medio plazo con la jubilación de la generación ‘babyboomer’.. El estudio, dirigido por el investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, pone en duda las afirmaciones realizadas por los diferentes miembros del Gobierno sobre las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA), los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las propias estadísticas oficiales. De este modo, los datos que utiliza el Ejecutivo para defender la solidez del sistema -correspondientes con la reforma de 2023, la recuperación del Fondo de Reserva en torno a los 20.000 millones de euros, dos avales de la AIReF a la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista- «no son falsos, pero tomados en conjunto ofrecen una imagen incompleta de la situación financiera del sistema, porque no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera», señala Calvo, que alerta de que esta situación no es sostenible en el tiempo. Y las cifras le dan la razón.. El saldo presupuestario de la Seguridad Social registró un déficit del 0,5 % del PIB en 2025, una cifra que atribuye al aumento de las transferencias estatales, que han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025, de 6.000 millones a rozar los 60.000 millones. Una vez descontados estos recursos, el déficit básico asciende al 4,1% del PIB -es decir, 59.500 millones- y el contributivo, al 3,8% (54.300 millones). «Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas a la Seguridad Social han crecido en términos reales un 29% y el gasto en pensiones contributivas un 82%», por lo que explica financiar esa diferencia mediante transferencias desplaza el déficit dentro de las cuentas públicas, «pero no elimina su coste para el conjunto de las Administraciones». No en vano, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, ambas cantidades expresadas a precios de 2021, para evitar distorsiones. «Cubrir esa brecha con transferencias deja intacto el coste del sistema para el conjunto de las Administraciones y se limita a cambiar el lugar de las cuentas públicas en el que se registra».. En este contexto, como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, «lo que se está haciendo en la práctica es emitir deuda para financiar una aportación al Fondo de Reserva que no responde a ningún excedente del sistema», afirma el estudio, que incide en que los activos netos de la Seguridad Social Ampliada (SSA) -tiene en cuenta la hucha menos la deuda- han pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a ser negativos, «como un iceberg en el que la hucha es sólo la parte visible. Por debajo se acumulan la deuda con el Estado y las transferencias corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, que suman unos 320.000 millones de euros, elevando los recursos externos recibidos hasta 2025 a unos 436.000 millones, frente a una hucha de 12.200 millones al cierre de ese año. «En la parte más profunda figuran los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat cifra en 5,58 billones de euros en 2021, equivalentes al 452% del PIB».. En consecuencia, Fedea también avisa de que «como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, la aportación al Fondo de Reserva -conocido como hucha de las pensiones- se financia en la práctica con deuda, y los activos netos del sistema, que rozaban los 67.000 millones de euros corrientes en 2011 (72.700 millones de euros constantes de 2021), son hoy negativos en unos 103.800 millones, al vaciarse desde 2012 para poder pagar pensiones hasta quedarse en poco más de 2.000 millones en 2019 tras la Gran Recesión. Desde 2023 vuelve a nutrirse gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que arrancó en el 0,6% y subirá hasta el 1,2% en 2029, con la que el Fondo sumaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026. En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha escalado desde los 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025 (unos 136.000 millones en euros corrientes).. Según las cuentas actuariales, el sistema promete pagar en promedio un 25% más de lo que financian las cotizaciones, mientras que la Airef proyecta que el gasto bruto pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050. Respecto a la regla de gasto incluida en la reforma de las pensiones, Fedea confirma que la Autoridad Fiscal validó su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB frente al límite del 13,3%. Sin embargo, también advertía sobre las cuentas de 2026 de que las referencias de esta regla «no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años», la cual alcanzaría el 123% del PIB en 2050 a políticas constantes, con transferencias implícitas al sistema de pensiones del 3% del PIB, por encima de los 50.000 millones.. Entre las propuestas que Calvo propone para intentar nivelar el sistema «la implantación de cuentas nocionales; crear un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con inscripción automática, para diversificar las rentas de los futuros jubilados, y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de su pensión futura.. «Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan» y, todas ellas, buscan asegurar que ese sistema siga existiendo «en condiciones razonables para quienes hoy cotizan». Por ello, estima que «sería deseable que la campaña dejara espacio para discutirlas con los datos sobre la mesa, en lugar de reducir el debate a una competición de promesas electorales».
