La huelga general de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas de este miércoles 11 de noviembre, está convocada por CCOO y UGT junto con CGT, CNT y otras organizaciones sindicales. Los convocantes reclaman medidas ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales.. Se trata de la primera gran huelga general de ámbito estatal respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012 y llega a menos de tres semanas de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.. El derecho a hacer huelga y la libertad de no secundarla. El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y su regulación continúa apoyándose, en buena medida, en el Real Decreto-ley 17/1977.. La normativa establece que secundar legalmente una huelga no puede dar lugar por sí mismo a una sanción laboral, aunque durante el paro el contrato queda suspendido y el trabajador no percibe el salario correspondiente a ese periodo.. Al mismo tiempo, cada trabajador tiene libertad para decidir si participa o no. El propio Real Decreto-ley establece que debe respetarse la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga, y el Tribunal Constitucional ha reiterado que corresponde a cada empleado decidir si la secunda.. Además, el trabajador no está obligado a comunicar previamente a la empresa si hará huelga y, como regla general, la compañía tampoco puede investigar de antemano quién tiene previsto sumarse al paro.. Los límites de los piquetes. Uno de los puntos donde pueden producirse más situaciones de tensión son los accesos a los centros de trabajo. Los piquetes pueden informar sobre los motivos de la huelga, repartir propaganda y tratar de convencer de forma pacífica a otros empleados para que se sumen.. Lo que no pueden hacer es coaccionar, amenazar o impedir por la fuerza que una persona acceda a su puesto de trabajo. La legislación protege la actividad informativa de los piquetes siempre que se desarrolle pacíficamente y sin coacciones.. En situaciones de violencia, intimidación o bloqueo físico podrán intervenir las fuerzas de seguridad. El antiguo artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba específicamente las coacciones destinadas a obligar a otras personas a iniciar o continuar una huelga, fue derogado en 2021. Sin embargo, estas conductas pueden seguir siendo constitutivas del delito general de coacciones previsto en el artículo 172 del Código Penal.. Qué ocurre con los servicios mínimos. En los servicios esenciales para la comunidad, la autoridad competente puede establecer servicios mínimos con el objetivo de compatibilizar el derecho de huelga con otros derechos y necesidades esenciales.. Esto no significa que todos los trabajadores de esas empresas estén obligados a acudir a su puesto. La obligación afecta a aquellos empleados que hayan sido específicamente designados para cubrir los servicios mínimos.. El Tribunal Constitucional ha establecido que, una vez realizada esa designación conforme a las reglas aplicables, el trabajador tiene el deber de cumplirla. La negativa a prestar el servicio mínimo asignado no está amparada por el derecho de huelga y puede tener consecuencias disciplinarias.. Lo que no puede hacer la empresa. El derecho de huelga también impone límites a la actuación empresarial. El Real Decreto-ley 17/1977 establece que, mientras dure el paro, la compañía no puede sustituir a los huelguistas por trabajadores externos contratados expresamente para ocupar su lugar, salvo en los supuestos excepcionales previstos legalmente.. La jurisprudencia también limita otras fórmulas destinadas específicamente a neutralizar el efecto de la huelga. La reciente Sentencia 24/2026 del Tribunal Constitucional ha aclarado el alcance del denominado esquirolaje tecnológico u organizativo.. El tribunal considera que puede vulnerarse el derecho fundamental cuando la empresa sustituye el trabajo que dejan de prestar los huelguistas mediante otros recursos humanos, técnicos o tecnológicos utilizados expresamente para reducir o limitar los efectos del paro y mantener la actividad en condiciones similares a las habituales.. Esto no supone que durante una huelga esté prohibido utilizar cualquier máquina, programa informático o sistema automatizado. Lo relevante es cómo se utilizan esos recursos y si su finalidad y efecto son sustituir la actividad de los huelguistas para neutralizar el impacto de la protesta.. En definitiva, la legislación protege tanto el ejercicio del derecho de huelga como la libertad de quienes deciden no secundarla. Los primeros pueden dejar de trabajar y desarrollar actividades informativas pacíficas; los segundos tienen derecho a acudir a su puesto sin sufrir coacciones ni impedimentos ilegítimos.
La huelga general de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas de este miércoles 11 de noviembre, está convocada por CCOO y UGT junto con CGT, CNT y otras organizaciones sindicales. Los convocantes reclaman medidas ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales.. Se trata de la primera gran huelga general de ámbito estatal respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012 y llega a menos de tres semanas de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.. El derecho a hacer huelga y la libertad de no secundarla. El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y su regulación continúa apoyándose, en buena medida, en el Real Decreto-ley 17/1977.. La normativa establece que secundar legalmente una huelga no puede dar lugar por sí mismo a una sanción laboral, aunque durante el paro el contrato queda suspendido y el trabajador no percibe el salario correspondiente a ese periodo.. Al mismo tiempo, cada trabajador tiene libertad para decidir si participa o no. El propio Real Decreto-ley establece que debe respetarse la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga, y el Tribunal Constitucional ha reiterado que corresponde a cada empleado decidir si la secunda.. Además, el trabajador no está obligado a comunicar previamente a la empresa si hará huelga y, como regla general, la compañía tampoco puede investigar de antemano quién tiene previsto sumarse al paro.. Los límites de los piquetes. Uno de los puntos donde pueden producirse más situaciones de tensión son los accesos a los centros de trabajo. Los piquetes pueden informar sobre los motivos de la huelga, repartir propaganda y tratar de convencer de forma pacífica a otros empleados para que se sumen.. Lo que no pueden hacer es coaccionar, amenazar o impedir por la fuerza que una persona acceda a su puesto de trabajo. La legislación protege la actividad informativa de los piquetes siempre que se desarrolle pacíficamente y sin coacciones.. En situaciones de violencia, intimidación o bloqueo físico podrán intervenir las fuerzas de seguridad. El antiguo artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba específicamente las coacciones destinadas a obligar a otras personas a iniciar o continuar una huelga, fue derogado en 2021. Sin embargo, estas conductas pueden seguir siendo constitutivas del delito general de coacciones previsto en el artículo 172 del Código Penal.. Qué ocurre con los servicios mínimos. En los servicios esenciales para la comunidad, la autoridad competente puede establecer servicios mínimos con el objetivo de compatibilizar el derecho de huelga con otros derechos y necesidades esenciales.. Esto no significa que todos los trabajadores de esas empresas estén obligados a acudir a su puesto. La obligación afecta a aquellos empleados que hayan sido específicamente designados para cubrir los servicios mínimos.. El Tribunal Constitucional ha establecido que, una vez realizada esa designación conforme a las reglas aplicables, el trabajador tiene el deber de cumplirla. La negativa a prestar el servicio mínimo asignado no está amparada por el derecho de huelga y puede tener consecuencias disciplinarias.. Lo que no puede hacer la empresa. El derecho de huelga también impone límites a la actuación empresarial. El Real Decreto-ley 17/1977 establece que, mientras dure el paro, la compañía no puede sustituir a los huelguistas por trabajadores externos contratados expresamente para ocupar su lugar, salvo en los supuestos excepcionales previstos legalmente.. La jurisprudencia también limita otras fórmulas destinadas específicamente a neutralizar el efecto de la huelga. La reciente Sentencia 24/2026 del Tribunal Constitucional ha aclarado el alcance del denominado esquirolaje tecnológico u organizativo.. El tribunal considera que puede vulnerarse el derecho fundamental cuando la empresa sustituye el trabajo que dejan de prestar los huelguistas mediante otros recursos humanos, técnicos o tecnológicos utilizados expresamente para reducir o limitar los efectos del paro y mantener la actividad en condiciones similares a las habituales.. Esto no supone que durante una huelga esté prohibido utilizar cualquier máquina, programa informático o sistema automatizado. Lo relevante es cómo se utilizan esos recursos y si su finalidad y efecto son sustituir la actividad de los huelguistas para neutralizar el impacto de la protesta.. En definitiva, la legislación protege tanto el ejercicio del derecho de huelga como la libertad de quienes deciden no secundarla. Los primeros pueden dejar de trabajar y desarrollar actividades informativas pacíficas; los segundos tienen derecho a acudir a su puesto sin sufrir coacciones ni impedimentos ilegítimos.
