Medio centenar de organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes han solicitado la intervención del Síndic de Greuges para que impida la aplicación de la legislación de la prioridad nacional en la Comunidad Valenciana. Las entidades presentaron una queja el pasado lunes, 2 de noviembre, instando al defensor del pueblo valenciano a actuar contra el desarrollo de este criterio que supone la exclusión de servicios y prestaciones sociales, como la renta valenciana de inclusión y acceso a la vivienda pública, de personas migrantes y población nativa en situación de vulnerabilidad, señalan en un comunicado.. Seguir leyendo
Medio centenar de organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes han solicitado la intervención del Síndic de Greuges para que impida la aplicación de la legislación de la prioridad nacional en la Comunidad Valenciana. Las entidades presentaron una queja el pasado lunes, 2 de noviembre, instando al defensor del pueblo valenciano a actuar contra el desarrollo de este criterio que supone la exclusión de servicios y prestaciones sociales, como la renta valenciana de inclusión y acceso a la vivienda pública, de personas migrantes y población nativa en situación de vulnerabilidad, señalan en un comunicado.
Los acuerdos de gobierno autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, negociados entre el PP y Vox durante 2026, se han concretado en la Comunidad Valenciana en la introducción en la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat del concepto de “prioridad nacional”.
Su aplicación supone la exclusión en el acceso a servicios, subvenciones y prestaciones públicas de quienes no pueden demostrar “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Aunque muchas de las medidas propuestas bajo el lema de prioridad nacional tienen el objetivo concreto de excluir a las personas migrantes, también afectan a un conjunto de población mucho más amplio, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que verán limitado el acceso a derechos que ya tenían garantizados.
La nueva normativa exige un periodo mucho más amplio de empadronamiento para acceder a derechos e impide que tengan cobertura social las personas en situación administrativa irregular y se va a implantar en la comunidad autónoma cuando los informes sociales sitúan a la valenciana como la autonomía con mayor desigualdad y con un 26% de la población en riesgo de pobreza.
Además, el nuevo criterio coincide, según el comunicado, con el bloqueo que sufren las personas migrantes para empadronarse: el Ayuntamiento de Valencia tiene pendientes de resolución más de 5.000 solicitudes de empadronamiento especial desde 2024 y ha desestimado casi otras tantas “por falta de residencia habitual” cuando en muchos casos las solicitantes viven en la ciudad desde hace años.
Las organizaciones han denunciado ante el Síndic que la ejecución de la prioridad nacional vulnera legislación española e internacional, incluidos convenios, directivas y jurisprudencia europea, y requieren su intervención ya que esta institución puede “sugerir la adopción de una iniciativa para modificar una norma cuya aplicación esté ocasionando un resultado injusto o produciendo un perjuicio innecesario, o, en su caso, instar la revisión de los criterios interpretativos con los que esa misma norma se está aplicando” del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
La valenciana ha sido la primera autonomía en realizar estos cambios legislativos de carácter racista en materia de vivienda, integración de las personas migrantes, servicios sociales, renta valenciana de inclusión, educación e infancia y adolescencia.
Los colectivos que respaldan la queja -la mayoría agrupadas en el espacio València ples Drets de les Persones Immigrades- son: ACOEC, ActionAid, Afrolatidos, Al Descubierto, Amnistía Internacional CV, ASMEX, Aquarius Supervivientes, ARACOVA, ASAU València, ASOL, CAMUMA, Casa Argelia, Casa Camerún, Casa Chile, Casa Marruecos, Casa Perú Valencia, CEAR-PV, CEDSALA, CESÁfrica, CGT PViM, Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, CIM Burkina, CCOO-PV, ONG EMCAT, Entreiguales Valencia, Espai Obert el Marítim, Federación ConoSur, HOAC Valencia, Intersindical Solidària, Intersindical Valenciana, Jovesólides, Mesa d’Entitats de Solidaritat, Metges del Món, Movilidad Humana, Plataforma Movilízate, Mujeres Voces y Resistencias, Obrim Fronteres València, Por Ti Mujer, Psicólogas sin Fronteras, Regularización Ya, Resistencia Migrante Disidente, SJM, Terra de Acogida, Tu Puerta Amiga, UGT-PV, Uhuru, UMAPM, València Acull y València és Refugi.
