El Gobierno tiene este martes jornada política decisiva para ver cómo es capaz de gestionar la grave crisis de credibilidad provocada por el segundo accidente mortal en nueve meses en la alta velocidad española. Óscar Puente, el ministro de Transportes, presentará por la mañana en el Consejo de Ministros un paquete de medidas con dos patas: una, la de las ayudas a las víctimas, que ya apuntó Pedro Sánchez este martes en su intervención en el foro World in Progress (WIP) organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, y otra, la de las mejoras en seguridad.. Seguir leyendo
El Gobierno tiene este martes jornada política decisiva para ver cómo es capaz de gestionar la grave crisis de credibilidad provocada por el segundo accidente mortal en nueve meses en la alta velocidad española. Óscar Puente, el ministro de Transportes, presentará por la mañana en el Consejo de Ministros un paquete de medidas con dos patas: una, la de las ayudas a las víctimas, que ya apuntó Pedro Sánchez este martes en su intervención en el foro World in Progress (WIP) organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, y otra, la de las mejoras en seguridad.
Puente ha estado todo el fin de semana trabajando en estas reformas con su equipo, en especial con el presidente de Adif, el ingeniero de Caminos Luis Pedro Marco de la Peña, también con apoyo del Gabinete del presidente del Gobierno. Según diversas fuentes, no será una revolución, pero sí habrá cambios importantes en protocolos, para garantizar que nunca pueda repetirse una confusión como la que llevó al accidente de Urda (Toledo), en la que el tren que iba detrás recibió la orden de arrancar “a marcha normal”, esto a 200 kilómetros por hora, cuando tenía delante otro tren detenido, y sea absolutamente obligatoria la “marcha a la vista”, a un máximo de 40 kilómetros por hora. Pero las medidas también incluyen cambios en recursos humanos, con más personas para vigilar los trenes y mejores condiciones para los que trabajan ahora, que se quejan de saturación. Además, habrá innovaciones técnicas también para ofrecer más garantías.
Sobre la cuestión de la limitación a 40 kilómetros por hora cuando se cae el sistema de seguridad LZB en la línea Madrid-Sevilla, el personal jurídico de Adif y del Ministerio de Transportes es de la opinión de que “sí se puede articular de inmediato en forma de instrucción interna entre Adif y las tres operadoras que explotan la alta velocidad Madrid-Sevilla”, argumenta un técnico al tanto de los detalles. Ese mandato, en el que también ha estado inmersa Renfe, es más restrictivo que el propio reglamento ferroviario.
Una segunda decisión es analizar y mejorar las condiciones de trabajo en la veintena de centros de regulación y control del tráfico de Adif, cuatro de ellos para la red de alta velocidad. Se incidirá en elevar los tiempos de descanso o en reducir y separar los turnos de noche. De forma paralela, Transportes va a ordenar refuerzos en esos puntos de seguimiento y conexión con los trenes, lo que llevará más tiempo, a la vista de que ha de realizar una oferta de empleo público, formar al personal y habilitarlo.
Otra de las reformas en la lista, anoche aún bajo estudio, se refiere a la infraestructura e incidiría en reforzar el balizamiento en el trazado Madrid-Sevilla para reducir la longitud de los cantones (segmento de vía entre señales) cuando se pierde el sistema de seguridad LZB y entra en juego el ASFA. Acortar la distancia de esos segmentos de vía, a través de mayor densidad de señalización, puede elevar las garantías de separación entre convoyes con pérdida del LZB.
Con el sistema ERTMS ya instalado en la Madrid-Sevilla, también se va a tratar de acelerar su activación, prevista para el inicio de 2027. Los trabajos de implantación se han llevado cinco años por parte de Hitachi Rail y las pruebas se efectúan en franjas de mantenimiento nocturno los fines de semana. Un ritmo que pretende elevarse.
En Adif se ha estudiado durante el fin de semana incluso la opción de instalar cinturones de seguridad, remedio menos claro como garantía de la seguridad de los viajeros y que tampoco se usa en otros países: “¿Qué pasaría en caso de colisión o frenazo a más de 250 kilómetros por hora con los viajeros anclados por cinturones de tela?”, se pregunta una de las fuentes consultadas. Este asunto ha sido materia de estudio por distintas instituciones sin que existan claras recomendaciones a favor. Sí es de interés para el caso del transporte en alta velocidad en España, como opción a medio plazo, un mayor aseguramiento del equipaje alojado en los portamaletas de los coches de viajeros.
Se han analizado desde los intervalos de salida de los trenes (los dos accidentados en Urda partieron desde Madrid hacia Sevilla con seis minutos de diferencia, a las 7.54 y 8.00 de la mañana), por si fuera preciso aumentarlos, hasta tecnología japonesa que comunica unos convoyes con otros para evitar que lleguen a encontrarse en la vía cuando viajan en el mismo sentido de la circulación. También están bajo estudio tecnologías avanzadas de geolocalización para tener ubicado el material rodante en los centros de control al milímetro y en tiempo real.
Prácticamente toda la dirección de Adif ha trabajado para que la batería de medidas sea de posible aplicación, más o menos inmediata, y no entre en conflicto con regulaciones nacionales ni europeas, tampoco con recomendaciones de instituciones de renombre en el sector ferroviario.
Los detalles finales serán avanzados en La Moncloa por el propio ministro que, lejos de dimitir, como le reclama buena parte del arco político, incluidos algunos socios importantes del Ejecutivo, ha optado por dirigir la crisis y afrontar de forma directa los golpes de las críticas masivas que está recibiendo la gestión de la alta velocidad, la joya de las infraestructuras españolas. Después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros donde anunciará las medidas, Puente se irá al Congreso para enfrentarse a una dura sesión de la Diputación Permanente en la que casi todo el arco parlamentario le pedirá su dimisión.
El ministro parece decidido a seguir, incluso después de esa dura sesión, porque cree que una dimisión sería un reconocimiento de culpa injusto y con un efecto político demoledor para el Gobierno, pero la última palabra la tiene Pedro Sánchez. El presidente de momento le ha pedido al ministro que resista y que no dimita, después de que este pusiera su cargo a disposición tras la tragedia, pero algunos miembros del Gobierno creen que esa decisión no es definitiva y podría cambiar en los próximos días si se constata que la presión sobre Puente es tan fuerte que inhabilita por completo la posibilidad de volver a la campaña y tratar de recuperar un discurso en positivo.
Como momentos centrales de la semana, además de este martes con la prueba de fuego de Puente, están la rueda de prensa de Sánchez el jueves, al concluir la Cumbre Iberoamericana, y, después, los mítines del líder del PSOE el viernes y el sábado, donde recuperará la campaña.
El presidente ha animado a Puente en privado a seguir, según ha explicado él mismo, y ha decidido respaldarle porque si no ya no estaría en el Gobierno, pero públicamente aún no ha lanzado ningún apoyo político expreso a su ministro. No lo ha hecho porque en todos estos días no ha aceptado una sola pregunta de la prensa, pero el jueves está obligado a contestar y tendrá que hacerlo sobre su apoyo a Puente. Por eso algunos en el Ejecutivo especulan con la idea de que podría haber decisiones antes de este jueves, aunque en el entorno del presidente insisten en que la decisión de que Óscar Puente continúe es firme y no va a cambiar.
La parte de las medidas para mejorar la seguridad será sin duda una de las grandes novedades del Consejo de Ministros de este martes, y la que más interés está generando entre los profesionales y los expertos que analizan qué ha podido fallar en este nuevo accidente ferroviario, pero la que afecta más directamente a las víctimas de la tragedia de Urda es la de las ayudas. Sánchez avanzó en el WIP en Barcelona que el Gobierno aprobará un paquete basado en cuatro ejes, similar al que se planteó tras el incidente de Adamuz: primero, ayudas para duplicar la cuantía del seguro obligatorio para accidentes en vigor; segundo, un anticipo de las indemnizaciones para las víctimas; tercero, una mejora de los esquemas de incapacidad temporal para mejorar su cobertura y cuarto, la creación de oficinas de atención integral para afectados.
