El Ministerio de Consumo trabaja para volver a dotar al Gobierno de una norma que permita limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia o catástrofe tras detectar importantes subidasen los transportes alternativos al tren desdeel accidente ferroviario de Urda (Toledo).. Según fuentes del departamento, Consumo ha observado desde el miércoles, día de la tragedia ferroviaria que se ha cobrado ya 69 vidas, un aumento generalizado de los precios en los transportes alterativos al tren, como los billetes de avión. Desde entonces monitoriza también los precios de otras alternativas de transporte, como pueden ser los coches de alquiler y los autobuses.. Este mismo año, tras la tragedia de Adamuz, el Gobierno detectó las mismas prácticas abusivas y aprobó un real decreto que permitió limitar las subidas de precios de servicios y productos ante una situación de emergencia como un accidente ferroviario o una dana. De hecho, mediante este herramienta legal, el Gobierno topó temporalmente los precios de servicios de transporte alternativos por el accidente de Adamuz.. En detalle, el 10 de febrero, tras el accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero, el Gobierno aprobó el real decreto-ley 4/2026. Este entró en vigor con su publicación en el BOE el 11 de febrero pero fue tumbado más tarde, el 26 de febrero, en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La norma modificaba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para permitir al Gobierno topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda.. Con ese decreto, las situaciones en las que podían toparse los precios no eran solo aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, sino también aquellas que determinara el Consejo de Ministros, como acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales, accidentes graves, una emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios.. El mecanismo de precio era doble. El límite general establecía que el precio de un producto o servicio no podía superar el máximo que hubiera alcanzado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia. Además, la normativa introducía un límite adicional: si ese máximo superaba en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, la referencia pasaba a ser el precio medio de esos 30 días más un 50%. Además, en caso de incumplimiento, los consumidores tenían derecho al reintegro automático de aquellos importes pagados en exceso respecto a esos topes.. Consumo no ha detallado todavía cómo ni cuándo pretende recuperar la medida, pero fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy aseguran que ya se está trabajando en un real decreto-ley que modifique el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para facultar al Gobierno a actuar con carácter extraordinario en esas situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas.. La vía del decreto permitiría al Ejecutivo activar el tope en el corto plazo, pero previsiblemente volvería a ser tumbado en el Congreso, en un contexto en que los grupos que rechazaron la medida mantienen su mayoría de bloqueo. Todo ello, además, ante la proximidad de las elecciones generales, lo que hace que los plazos sean más ajustados.
El Ministerio de Consumo trabaja para volver a dotar al Gobierno de una norma que permita limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia o catástrofe tras detectar importantes subidasen los transportes alternativos al tren desdeel accidente ferroviario de Urda (Toledo).. Según fuentes del departamento, Consumo ha observado desde el miércoles, día de la tragedia ferroviaria que se ha cobrado ya 69 vidas, un aumento generalizado de los precios en los transportes alterativos al tren, como los billetes de avión. Desde entonces monitoriza también los precios de otras alternativas de transporte, como pueden ser los coches de alquiler y los autobuses.. Este mismo año, tras la tragedia de Adamuz, el Gobierno detectó las mismas prácticas abusivas y aprobó un real decreto que permitió limitar las subidas de precios de servicios y productos ante una situación de emergencia como un accidente ferroviario o una dana. De hecho, mediante este herramienta legal, el Gobierno topó temporalmente los precios de servicios de transporte alternativos por el accidente de Adamuz.. En detalle, el 10 de febrero, tras el accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero, el Gobierno aprobó el real decreto-ley 4/2026. Este entró en vigor con su publicación en el BOE el 11 de febrero pero fue tumbado más tarde, el 26 de febrero, en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La norma modificaba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para permitir al Gobierno topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda.. Con ese decreto, las situaciones en las que podían toparse los precios no eran solo aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, sino también aquellas que determinara el Consejo de Ministros,como acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales, accidentes graves, una emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios.. El mecanismo de precio era doble. El límite general establecía que el precio de un producto o servicio no podía superar el máximo que hubiera alcanzado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia. Además, la normativa introducía un límite adicional: si ese máximo superaba en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, la referencia pasaba a ser el precio medio de esos 30 días más un 50%. Además, en caso de incumplimiento, los consumidores tenían derecho al reintegro automático de aquellos importes pagados en exceso respecto a esos topes.. Consumo no ha detallado todavía cómo ni cuándo pretende recuperar la medida, pero fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy aseguran que ya se está trabajando en un real decreto-ley que modifique el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para facultar al Gobierno a actuar con carácter extraordinario en esas situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas.. La vía del decreto permitiría al Ejecutivo activar el tope en el corto plazo, pero previsiblemente volvería a ser tumbado en el Congreso, en un contexto en que los grupos que rechazaron la medida mantienen su mayoría de bloqueo. Todo ello, además, ante la proximidad de las elecciones generales, lo que hace que los plazos sean más ajustados.
