El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.. Seguir leyendo
Los adjudicatarios, de rentas bajas, pagaban hasta 100 euros mensuales más sin que el Gobierno autonómico interviniera
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El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.
Un informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, al mando de este tema, que ha aportado un denunciante a este medio, ratifica que, conforme a ese dictamen judicial, la Administración debe intervenir para que se inicien los trámites necesarios para devolver ese dinero pagado de más. Además, la Junta ya tenía advertencias internas de estas irregularidades desde hace años, pero las desoyó. Rejón se dirigió a EL PAÍS en marzo para informar sobre su caso: pareja, un hijo y hogar de bajas ganancias por el que, tal y como acreditaban los contratos firmados con las instituciones, estaba pagando de más. Él concretamente desembolsaba 380 euros mensuales, más la cuota de la comunidad, por un piso de escasos 40 metros cuadrados tasado en 300,41 euros, un 26,6% extra. Su acuerdo añadía que debía cubrir el IBI de la vivienda, otros 16,01 euros mensuales, de modo que acababa pagando casi 100 euros de más, aunque el IBI debería aportarlo el promotor. Este ha contactado recientemente con Daniel Rejón y le ha ofrecido no pagar ese tributo, pero no se ha manifestado sobre el sobreprecio del resto de la renta. Este escenario, con cifras similares, se repetía entre los usuarios de este parque de vivienda pública que posee el fondo de inversión. Los cálculos de esta entidad erraron sin que, pese a varios avisos, el área autonómica de Vivienda reaccionara y ajustara los importes. Fuentes cercanas al caso explican que hay muchos vecinos que o bien no saben lo que ha ocurrido y pagan religiosamente de más sin conocer la anomalía o bien, con miedo a que les quiten la vivienda, temen denunciar o reivindicar sus derechos como beneficiarios de vivienda protegida.
El juzgado vallisoletano ha avalado las resoluciones de los mandos intermedios de Vivienda que informaron de que este procedimiento era ilegal y perjudicaba a los residentes en esos 351 pisos en dos localidades del alfoz de la ciudad. La sentencia del tribunal llegó el 1 de septiembre y Rejón solicitó el 21 de ese mismo mes al Servicio Territorial “que se devuelvan las cantidades pagadas por encima del precio legal y que se adopten las medidas sancionadoras que correspondan a quien corresponda”.
Este departamento ha analizado los hechos y los considera “una presunta vulneración directa del régimen de uso de la vivienda protegida” al tratarse de posibles “infracciones muy graves” de la ley autonómica de Vivienda y atribuye la responsabilidad a Testa Residencial Socimi, el fondo que posee los bloques y que debería proteger “el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de protección de una promoción de viviendas promovidas con fondos públicos y de protección pública”. Asimismo, recoge que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo ostenta capacidad sancionadora y que será esta quien inste a la empresa a devolver a los adjudicatarios de las VPO los importes abonados de más, más los intereses pertinentes, así como cubrir las costas procesales. “Por todo ello, procede informar favorablemente el inicio de procedimiento sancionador contra la mercantil Testa Residencial Socimi como presunta responsable de la infracción muy grave”, dicta el Servicio Territorial.
Este departamento subraya que “la sentencia acredita la existencia de una práctica contractual ilícita” y que Vivienda “ya no se encuentra ante una mera sospecha o interpretación discutible, sino ante una situación cuya ilegalidad ha sido confirmada judicialmente”. Además, insta a “impulsar de oficio la revisión y comprobación de la totalidad de los contratos afectados, adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad, promover las actuaciones sancionadoras procedentes y garantizar la restitución de las cantidades”. Rejón lamenta a EL PAÍS haberse visto en esta situación porque se siente “estafado y engañado”. “Es como si me hubieran pisoteado los derechos como les ha dado la gana. Es todo muy frustrante, luchar contra un muro de piedra, una impotencia supergrande cuando estaba solo ante esto y pagando de más todos los meses”, confiesa. El dictamen judicial da esperanza a los 351 perjudicados y “es una recompensa a persistir e ir donde teníamos que ir; parece que estamos consiguiendo algo y que se dejen de cometer estas circunstancias hacia los más trabajadores y a quienes más pegas nos ponen”.
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