Con 19 días antes de las elecciones de medio mandato, la Administración de Donald Trump ha llevado a cabo una medida arriesgada en su campaña para asegurarse de que se compruebe la ciudadanía de los votantes. El jueves pasado, el gobierno federal presentó una demanda en contra de funcionarios electorales de California. Ellos afirmaron haber encontrado más de 20.000 personas no ciudadanas registradas de manera incorrecta en las listas electorales. Estas personas supuestamente intentaban votar en las elecciones programadas para el 3 de noviembre próximo. Continuar leyendo
A 19 días de las elecciones de medio mandato, la Administración de Donald Trump ha dado un paso audaz en su campaña para exigir que se verifique la ciudadanía de los votantes. Este jueves, el Gobierno federal presentó una demanda contra funcionarios electorales de California, en la que alega haber detectado que más de 20.000 personas no ciudadanas estaban inscritas indebidamente en el padrón electoral, supuestamente con la intención de participar en los comicios del próximo 3 de noviembre.
La querella, presentada ante una corte federal de Los Ángeles, consta de apenas 15 páginas y no aporta pruebas claras de los resultados de una supuesta “investigación sobre el voto ilegal” realizada por agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Estos han participan desde 2025 en las redadas que aterrorizan a migrantes en todo el país.
Según los documentos judiciales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia encargada de tramitar las solicitudes migratorias, remitió a HSI una supuesta lista de más de 20.000 personas que “están registradas para votar en las elecciones federales en California y que probablemente no son ciudadanas”. Esto significa que el Gobierno aún debe determinar con precisión cuál es el estatus de los que ha catalogado como sospechosos.
Por ahora no está claro qué alcance pudiera tener esta acción en relación con las elecciones que se aproximan, en las que están en juego desde sillas en el Concejo y la Alcaldía de Los Ángeles, hasta curules de la Cámara de Representantes, distintos cargos estatales y la gubernatura de California.
“Se trata de un intento triste y desesperado de Trump por utilizar su politizado Departamento de Justicia para tratar de suprimir el voto de los californianos, apenas tres semanas antes del día de las elecciones”, declaró el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado. “Los tribunales han dejado claro que el Gobierno federal no tiene ninguna injerencia en la forma en que un Estado lleva a cabo su proceso electoral; y ahora, en pleno proceso de votación en California, han exigido a los funcionarios locales —quienes realizan una labor excelente en defensa de la democracia— que infrinjan la ley federal”, agregó.
A decir de Newsom, quien ha levantado la mano para ser posiblemente el candidato demócrata a la Presidencia, se trata de una petición “totalmente sin precedentes que debería aterrorizar a cualquier estadounidense”.
La Administración de Trump señala en la demanda a dos funcionarios electorales: Shirley Weber, secretaria de Estado de California, responsable de supervisar los comicios estatales, y Dean Logan, titular de la oficina electoral del condado de Los Ángeles.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sostiene que la demanda deriva de la inacción de ambos funcionarios, quienes supuestamente incumplieron un plazo de 48 horas para revisar una memoria USB protegida con contraseña. El dispositivo contiene una supuesta lista de 20.000 nombres de personas que, según el Gobierno federal, probablemente no son ciudadanas estadounidenses y que, aun así, habrían recibido boletas para votar en las elecciones del 3 de noviembre.
Desde hace unos días, las oficinas electorales han comenzado a distribuir las boletas por correo, que los votantes deben devolver antes o el mismo día de los comicios. La demanda señala que, a principios de esta semana, un funcionario del Departamento de Justicia envió una advertencia por escrito a ambos funcionarios sobre posibles acciones legales si no atendían la solicitud.
En una carta dirigida al DOJ, Weber, demócrata, justificó la negativa a cumplir con el requerimiento al señalar que el Gobierno federal no había presentado pruebas que respaldaran sus acusaciones. También recordó que, anteriormente, se había afirmado erróneamente que 16.000 personas sin ciudadanía estaban inscritas en el padrón electoral de Nevada, pero que finalmente se confirmó que todas eran ciudadanas estadounidenses.
Weber subrayó que California cumple “plenamente” con la legislación federal y expresó su preocupación porque las exigencias del DOJ llegan cuando el proceso electoral ya está en marcha. Calificó la situación como “una emergencia creada por el propio Departamento de Justicia”.
A su juicio, el DOJ está “exigiendo medidas sin precedentes que amenazan el derecho al voto de miles de californianos, basándose en información no verificable o en una metodología que aún no han explicado ni proporcionado”.
Por su parte, Logan explicó que el martes por la tarde había recibido la memoria USB, acompañada de una “nota escrita a mano” con la contraseña para acceder al dispositivo. En su interior estaría la lista de los votantes sospechosos. Sin embargo, afirmó que había clasificado el dispositivo como inseguro.
“Las leyes federales y estatales son claras respecto a cómo se determina la elegibilidad de los votantes; cualquier medida para eliminar a un votante del padrón debe basarse en información verificable, y no en afirmaciones fundamentadas en datos sin confirmar”, dijo Logan en un comunicado.
