Acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha convertido en uno de los principales retos para los españoles. El elevado precio de los inmuebles, las condiciones más exigentes para obtener financiación y una oferta insuficiente frente a una demanda creciente han dejado a millones de personas sin opciones asequibles, mientras la vivienda se aleja de su condición de derecho básico.
Ante este escenario, la vivienda ha vuelto al centro del debate político tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, anunciada después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre el sector residencial. Antes de los comicios, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre dos nuevos decretos-ley con medidas similares y novedades económicas. Ahora, la Diputación Permanente deberá decidir si los convalida o los deroga.
El primer decreto recupera varias medidas para proteger a los inquilinos y ampliar el acceso a la vivienda: prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados alquileres, protección frente a desahucios de hogares vulnerables y regulación de los contratos temporales y por habitaciones. También contempla deducciones para inquilinos, incentivos fiscales para pequeños propietarios que bajen los alquileres, límites a ciertas compras de fondos de inversión, cambios en la fiscalidad del alquiler turístico y las socimi, y el traspaso a Casa 47 de miles de inmuebles de la Seguridad Social. Además, incorpora una línea del ICO de 10.000 millones de euros para conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros destinados a la entrada de la primera vivienda, junto con avales para la construcción industrializada y la vivienda social.
El segundo decreto restablece la renovación automática de los contratos de alquiler al terminar el periodo mínimo de cinco años —siete si el arrendador es una empresa— y establece una indemnización para el casero que no la aplique. Los decretos anteriores fueron rechazados por PP, Vox y Junts; el PNV y Coalición Canaria apoyaron el primero, pero votaron en contra del segundo.
¿Qué propone cada partido sobre vivienda?
Los programas electorales definitivos aún no se han publicado, pero el experto en el sector inmobiliario, Joaquín Hernández, señala que las iniciativas y posiciones que los partidos han defendido hasta ahora permiten anticipar sus prioridades. Mientras algunas formaciones apuestan por regular los alquileres y ampliar la vivienda pública, otras proponen reducir las restricciones y aumentar la oferta mediante la construcción y la movilización de suelo.
El PSOE apuesta por más vivienda pública y alquiler asequible
El PSOE plantea desarrollar la Ley de Vivienda y reforzar sus medidas para contener los precios. Entre sus prioridades figuran ampliar el parque público y protegido, movilizar suelo estatal y aumentar la oferta de alquiler asequible a través de Casa 47. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé movilizar 7.000 millones de euros.
Los socialistas también defienden incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan o mantengan las rentas, deducciones para los inquilinos y una regulación específica de los alquileres temporales y por habitaciones. Los decretos aprobados el 6 de octubre recogen parte de estas propuestas.
El PP propone derogar la ley y construir un millón de viviendas
El Partido Popular quiere derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y reducir la intervención sobre los alquileres. Su apuesta principal consiste en aumentar la oferta: propone crear las condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años, movilizar suelo público y privado y agilizar los trámites urbanísticos.
Para facilitar la compra a los jóvenes, plantea avales de hasta el 95% o el 100% del importe y reducir el IVA de la primera vivienda nueva del 10% al 4%. También propone una nueva Ley del Suelo y cambios para acelerar la concesión de licencias.
Vox defiende reducir la regulación y los impuestos
Vox también propone derogar la Ley de Vivienda y otras medidas que considera intervencionistas. Su plan se centra en liberar suelo, agilizar licencias, aumentar la construcción y rebajar los impuestos asociados a la compra y la edificación.
Entre sus propuestas figuran eliminar el IVA de la primera vivienda y bonificar las donaciones familiares destinadas a financiar esa compra. La formación también plantea incentivos para el alquiler de larga duración y medidas para facilitar los desalojos en casos de ocupación ilegal. «En distintas iniciativas autonómicas ha defendido también introducir criterios de arraigo para acceder a vivienda pública», señala el experto.
Sumar quiere contratos más estables y ampliar el parque público
Sumar defiende reforzar la protección de los inquilinos mediante prórrogas y renovaciones automáticas de los contratos, además de regular los alquileres temporales y por habitaciones para evitar que se utilicen para eludir los límites aplicables al alquiler habitual.
También propone movilizar viviendas vacías y activos públicos, ampliar el parque público y endurecer la fiscalidad del alquiler turístico en las zonas con mayores dificultades de acceso. La formación ha planteado, además, limitar la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión.
Podemos propone rebajar los alquileres por ley
Podemos apuesta por una intervención más intensa en el mercado del alquiler. Propone limitar por ley las rentas para que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al alquiler, reforzar la protección frente a los desahucios y establecer contratos indefinidos con causas tasadas para su finalización.
La formación también plantea actuar sobre las viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión, crear un inventario de inmuebles vacíos y restringir las compras que no tengan finalidad residencial.
Junts plantea prórrogas pactadas e incentivos fiscales
Junts rechaza que la protección de los inquilinos se traduzca en obligaciones generales para los pequeños propietarios. Como alternativa, propone que las prórrogas extraordinarias dependan del acuerdo entre casero e inquilino y que las administraciones asuman una mayor parte de las ayudas.
Entre sus medidas figuran una deducción temporal en el IRPF del 15% para ciertos arrendatarios y un IVA reducido del 5% para determinadas viviendas nuevas. También plantea limitar temporalmente algunas compras por parte de bancos, fondos y grandes tenedores.
ERC respalda los límites al alquiler y la vivienda pública
ERC defiende mantener los límites a los alquileres en las zonas tensionadas y extenderlos a los contratos temporales y por habitaciones. También propone que el precio conjunto de las habitaciones no supere el máximo permitido para alquilar la vivienda completa.
La formación apuesta por ampliar el parque público y asequible, movilizar viviendas vacías de grandes propietarios y reducir el ITP para quienes compren su primera vivienda. Además, plantea que la tributación aumente progresivamente en función del número de inmuebles en propiedad.
El PNV busca proteger a los inquilinos y al pequeño propietario
El PNV sostiene que la protección de los hogares vulnerables debe combinarse con medidas que no desincentiven a los pequeños propietarios. Por eso apoyó el primer decreto de vivienda, pero rechazó el segundo, que establecía la renovación automática de los contratos durante cinco o siete años.
La formación defiende diferenciar con claridad el alquiler habitual, el temporal y el turístico, así como agilizar los trámites urbanísticos y respetar las competencias autonómicas. También propone aplicar un IVA del 10% al alquiler turístico, al considerarlo una actividad económica.
Acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha convertido en uno de los principales retos para los españoles. El elevado precio de los inmuebles, las condiciones más exigentes para obtener financiación y una oferta insuficiente frente a una demanda creciente han dejado a millones de personas sin opciones asequibles, mientras la vivienda se aleja de su condición de derecho básico.
Ante este escenario, la vivienda ha vuelto al centro del debate político tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, anunciada después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre el sector residencial. Antes de los comicios, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre dos nuevos decretos-ley con medidas similares y novedades económicas. Ahora, la Diputación Permanente deberá decidir si los convalida o los deroga.
El primer decreto recupera varias medidas para proteger a los inquilinos y ampliar el acceso a la vivienda: prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados alquileres, protección frente a desahucios de hogares vulnerables y regulación de los contratos temporales y por habitaciones. También contempla deducciones para inquilinos, incentivos fiscales para pequeños propietarios que bajen los alquileres, límites a ciertas compras de fondos de inversión, cambios en la fiscalidad del alquiler turístico y las socimi, y el traspaso a Casa 47 de miles de inmuebles de la Seguridad Social. Además, incorpora una línea del ICO de 10.000 millones de euros para conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros destinados a la entrada de la primera vivienda, junto con avales para la construcción industrializada y la vivienda social.
El segundo decreto restablece la renovación automática de los contratos de alquiler al terminar el periodo mínimo de cinco años —siete si el arrendador es una empresa— y establece una indemnización para el casero que no la aplique. Los decretos anteriores fueron rechazados por PP, Vox y Junts; el PNV y Coalición Canaria apoyaron el primero, pero votaron en contra del segundo.
Los programas electorales definitivos aún no se han publicado, pero el experto en el sector inmobiliario, Joaquín Hernández, señala que las iniciativas y posiciones que los partidos han defendido hasta ahora permiten anticipar sus prioridades. Mientras algunas formaciones apuestan por regular los alquileres y ampliar la vivienda pública, otras proponen reducir las restricciones y aumentar la oferta mediante la construcción y la movilización de suelo.
El PSOE apuesta por más vivienda pública y alquiler asequible
El PSOE plantea desarrollar la Ley de Vivienda y reforzar sus medidas para contener los precios. Entre sus prioridades figuran ampliar el parque público y protegido, movilizar suelo estatal y aumentar la oferta de alquiler asequible a través de Casa 47. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé movilizar 7.000 millones de euros.
Los socialistas también defienden incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan o mantengan las rentas, deducciones para los inquilinos y una regulación específica de los alquileres temporales y por habitaciones. Los decretos aprobados el 6 de octubre recogen parte de estas propuestas.
El PP propone derogar la ley y construir un millón de viviendas
El Partido Popular quiere derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y reducir la intervención sobre los alquileres. Su apuesta principal consiste en aumentar la oferta: propone crear las condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años, movilizar suelo público y privado y agilizar los trámites urbanísticos.
Para facilitar la compra a los jóvenes, plantea avales de hasta el 95% o el 100% del importe y reducir el IVA de la primera vivienda nueva del 10% al 4%. También propone una nueva Ley del Suelo y cambios para acelerar la concesión de licencias.
Vox defiende reducir la regulación y los impuestos
Vox también propone derogar la Ley de Vivienda y otras medidas que considera intervencionistas. Su plan se centra en liberar suelo, agilizar licencias, aumentar la construcción y rebajar los impuestos asociados a la compra y la edificación.
Entre sus propuestas figuran eliminar el IVA de la primera vivienda y bonificar las donaciones familiares destinadas a financiar esa compra. La formación también plantea incentivos para el alquiler de larga duración y medidas para facilitar los desalojos en casos de ocupación ilegal. «En distintas iniciativas autonómicas ha defendido también introducir criterios de arraigo para acceder a vivienda pública», señala el experto.
Sumar quiere contratos más estables y ampliar el parque público
Sumar defiende reforzar la protección de los inquilinos mediante prórrogas y renovaciones automáticas de los contratos, además de regular los alquileres temporales y por habitaciones para evitar que se utilicen para eludir los límites aplicables al alquiler habitual.
También propone movilizar viviendas vacías y activos públicos, ampliar el parque público y endurecer la fiscalidad del alquiler turístico en las zonas con mayores dificultades de acceso. La formación ha planteado, además, limitar la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión.
Podemos propone rebajar los alquileres por ley
Podemos apuesta por una intervención más intensa en el mercado del alquiler. Propone limitar por ley las rentas para que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al alquiler, reforzar la protección frente a los desahucios y establecer contratos indefinidos con causas tasadas para su finalización.
La formación también plantea actuar sobre las viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión, crear un inventario de inmuebles vacíos y restringir las compras que no tengan finalidad residencial.
Junts plantea prórrogas pactadas e incentivos fiscales
Junts rechaza que la protección de los inquilinos se traduzca en obligaciones generales para los pequeños propietarios. Como alternativa, propone que las prórrogas extraordinarias dependan del acuerdo entre casero e inquilino y que las administraciones asuman una mayor parte de las ayudas.
Entre sus medidas figuran una deducción temporal en el IRPF del 15% para ciertos arrendatarios y un IVA reducido del 5% para determinadas viviendas nuevas. También plantea limitar temporalmente algunas compras por parte de bancos, fondos y grandes tenedores.
ERC respalda los límites al alquiler y la vivienda pública
ERC defiende mantener los límites a los alquileres en las zonas tensionadas y extenderlos a los contratos temporales y por habitaciones. También propone que el precio conjunto de las habitaciones no supere el máximo permitido para alquilar la vivienda completa.
La formación apuesta por ampliar el parque público y asequible, movilizar viviendas vacías de grandes propietarios y reducir el ITP para quienes compren su primera vivienda. Además, plantea que la tributación aumente progresivamente en función del número de inmuebles en propiedad.
El PNV busca proteger a los inquilinos y al pequeño propietario
El PNV sostiene que la protección de los hogares vulnerables debe combinarse con medidas que no desincentiven a los pequeños propietarios. Por eso apoyó el primer decreto de vivienda, pero rechazó el segundo, que establecía la renovación automática de los contratos durante cinco o siete años.
La formación defiende diferenciar con claridad el alquiler habitual, el temporal y el turístico, así como agilizar los trámites urbanísticos y respetar las competencias autonómicas. También propone aplicar un IVA del 10% al alquiler turístico, al considerarlo una actividad económica.
