El Gobierno da un paso atrás en su real decreto para la implantación de centros de datos en España y asegura ahora estar negociando con el sector un texto «equilibrado». Estas declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llegan pocos días después del ultimátum de la asociación española de ‘data centers’, que se opone al proyecto al considerarlo una «prohibición de facto».. El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los ‘data centers’.. López ha defendido que la normativa debe asegurar que las infraestructuras «sean sostenibles» sin perjudicar a ciudadanos y empresas, garantizando a su vez «que los datos europeos se queden en Europa», lo cual ha calificado como «una gran cuestión de soberanía». Sin embargo, la patronal considera que, con el texto redactado actualmente, se vivirá el efecto contrario, por lo menos en España.. El Gobierno ha respondido así a las denuncias de los operadores a la par que ha advertido de que en España «se ha producido un fenómeno de especulación» en torno a los centros de datos, dado que el país cuenta con «cuatro veces» la cantidad de potencia preconcebida frente a los «2,5 o 3 gigavatios (GW) hasta el año 2030» previstos en un principio, al tiempo que ha defendido la tramitación de un decreto impulsado para evitar que estas infraestructuras encarezcan la factura eléctrica a los ciudadanos y para garantizar la soberanía digital.. A este respecto, ha señalado que España tiene dos cosas «muy golosas», como son «una energía barata» y «la mejor conectividad del mundo», lo que ha propiciado que se genere un contexto en el que, «como toda burbuja, hay quien entra en el sector sin ser del sector». Algo en lo que están de acuerdo los propios operadores, que ven al país como un referente en renovables, pero denuncian que se podría perder «una oportunidad histórica» si el real decreto anunciado sigue adelante.. Por otro lado, el ministro ha puesto de manifiesto la situación de otros territorios señalando que la semana pasada estuvo en Irlanda, un país destina el 30% de su energía a los centros de datos.. Asimismo, ha añadido que hay países que están aprobando moratorias para que no se instalen más y que en Estados Unidos hay manifestaciones contra los centros de datos con un 75% de la opinión pública en contra.. Ante este panorama, ha cuestionado si el despliegue del sector debe realizarse a expensas de un incremento en la factura de los consumidores. «¿Tienen que ser sostenibles los centros de datos? Por supuesto. ¿Tienen que hacerse a costa de que todos paguemos más recibo de la luz? Yo creo que no», ha recalcado, sosteniendo que existen industrias «que compiten por la energía» y que «crean más empleos que los centros de datos».. No obstante, ha admitido que hace falta capacidad de supercomputación y ha insistido en que España va a albergar una de las primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas.. Evitar subidas del precio de la luz. Por otra parte, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha abogado por abordar el debate y la regulación sobre el despliegue de los centros de datos con el objetivo de prevenir «efectos negativos para el conjunto de la sociedad», tales como un incremento «muy notable» en el precio de la electricidad o un rechazo social hacia estas infraestructuras.. Sin embargo, Ribera evitó pronunciarse sobre medidas legislativas concretas de los Estados miembros, como en el caso de España, para regular los ‘data centers’. Lo que sí hizo fue recordar que en varios estados de Estados Unidos ya «se han adoptado moratorias prohibiendo la instalación de centros de datos» y que en diversos lugares existe «contestación» o «preocupación» debido a las dificultades para incrementar rápidamente la energía disponible.. Fuga a otros países. Por su parte, el sector teme que el real decreto migre la inversión hacia otros países vecinos que sí presentarán legislaciones favorables y que, finalmente, su instalación no solo no sea sostenible para el país como pretende el ministro, sino que se terminen «soportando las externalidades» sin obtener ningún beneficio.. De hecho, denunció el pasado viernes que desde el anuncio del proyecto, el pasado 27 de agosto, muchos inversores han retirado su capital del país, incluso antes. Con esto se podrían poner en juego 67.000 millones de euros que podrían entrar a España a través de los centros de datos.. En materia regulatoria y de protección de la información, López ha subrayado que la norma planteada busca que los centros de datos garanticen la soberanía española, advirtiendo de que el problema reside en que estas instalaciones «las están construyendo básicamente hiperescalares». Por ello, ha abogado por obtener «garantías de que los datos de los españoles se quedan en España».. Sin embargo, Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, cree que con el texto actual los deseos del ministro no se podrán cumplir pues ve «imposible que los centros de datos cumplan con esta propuesta de regulación. Nadie de los estudiosos del sector ha conseguido dar con la fórmula para que sea viable».. Errores de forma. Una de las discrepancias con el texto reside en los plazos establecidos por el Ejecutivo. Según la propuesta redactada, los parques que dieran servicio no podrían tener una antigüedad de más de 18 meses. Por ello, habría que empezar a implementarlos en ese periodo de tiempo, algo que también consideran «es inviable, pues ningún parque puede mantenerse con estos estándares».. Al mismo tiempo, las alegaciones cuestionan que el Gobierno asuma determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que SpainDC considera atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente.
El Gobierno da un paso atrás en su real decreto para la implantación de centros de datos en España y asegura ahora estar negociando con el sector un texto «equilibrado». Estas declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llegan pocos días después del ultimátum de la asociación española de ‘data centers’, que se opone al proyecto al considerarlo una «prohibición de facto».. El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los ‘data centers’.. López ha defendido que la normativa debe asegurar que las infraestructuras «sean sostenibles» sin perjudicar a ciudadanos y empresas, garantizando a su vez «que los datos europeos se queden en Europa», lo cual ha calificado como «una gran cuestión de soberanía». Sin embargo, la patronal considera que, con el texto redactado actualmente, se vivirá el efecto contrario, por lo menos en España.. El Gobierno ha respondido así a las denuncias de los operadores a la par que ha advertido de que en España «se ha producido un fenómeno de especulación» en torno a los centros de datos, dado que el país cuenta con «cuatro veces» la cantidad de potencia preconcebida frente a los «2,5 o 3 gigavatios (GW) hasta el año 2030» previstos en un principio, al tiempo que ha defendido la tramitación de un decreto impulsado para evitar que estas infraestructuras encarezcan la factura eléctrica a los ciudadanos y para garantizar la soberanía digital.. A este respecto, ha señalado que España tiene dos cosas «muy golosas», como son «una energía barata» y «la mejor conectividad del mundo», lo que ha propiciado que se genere un contexto en el que, «como toda burbuja, hay quien entra en el sector sin ser del sector». Algo en lo que están de acuerdo los propios operadores, que ven al país como un referente en renovables, pero denuncian que se podría perder «una oportunidad histórica» si el real decreto anunciado sigue adelante.. Por otro lado, el ministro ha puesto de manifiesto la situación de otros territorios señalando que la semana pasada estuvo en Irlanda, un país destina el 30% de su energía a los centros de datos.. Asimismo, ha añadido que hay países que están aprobando moratorias para que no se instalen más y que en Estados Unidos hay manifestaciones contra los centros de datos con un 75% de la opinión pública en contra.. Ante este panorama, ha cuestionado si el despliegue del sector debe realizarse a expensas de un incremento en la factura de los consumidores. «¿Tienen que ser sostenibles los centros de datos? Por supuesto. ¿Tienen que hacerse a costa de que todos paguemos más recibo de la luz? Yo creo que no», ha recalcado, sosteniendo que existen industrias «que compiten por la energía» y que «crean más empleos que los centros de datos».. No obstante, ha admitido que hace falta capacidad de supercomputación y ha insistido en que España va a albergar una de las primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas.. Fuga a otros países. Por su parte, el sector teme que el real decreto migre la inversión hacia otros países vecinos que sí presentarán legislaciones favorables y que, finalmente, su instalación no solo no sea sostenible para el país como pretende el ministro, sino que se terminen «soportando las externalidades» sin obtener ningún beneficio.. De hecho, denunció el pasado viernes que desde el anuncio del proyecto, el pasado 27 de agosto, muchos inversores han retirado su capital del país, incluso antes. Con esto se podrían poner en juego 67.000 millones de euros que podrían entrar a España a través de los centros de datos.. En materia regulatoria y de protección de la información, López ha subrayado que la norma planteada busca que los centros de datos garanticen la soberanía española, advirtiendo de que el problema reside en que estas instalaciones «las están construyendo básicamente hiperescalares». Por ello, ha abogado por obtener «garantías de que los datos de los españoles se quedan en España».. Sin embargo, Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, cree que con el texto actual los deseos del ministro no se podrán cumplir pues ve «imposible que los centros de datos cumplan con esta propuesta de regulación. Nadie de los estudiosos del sector ha conseguido dar con la fórmula para que sea viable».. Errores de forma. Una de las discrepancias con el texto reside en los plazos establecidos por el Ejecutivo. Según la propuesta redactada, los parques que dieran servicio no podrían tener una antigüedad de más de 18 meses. Por ello, habría que empezar a implementarlos en ese periodo de tiempo, algo que también consideran «es inviable, pues ningún parque puede mantenerse con estos estándares».. Al mismo tiempo, las alegaciones cuestionan que el Gobierno asuma determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que SpainDC considera atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente.
