En julio de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) llegó a la conclusión de que la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Limia (CHMS), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, habían vulnerado los derechos fundamentales de la población que vive al borde del embalse de As Conchas, en el Ayuntamiento de Lobeira (Ourense). No es poca cosa si se tiene en cuenta que a continuación los magistrados citaban el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación estos con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua. La sentencia, considerada histórica en Europa, también reconoció que esta vulneración estaba provocada por la dejadez, inacción, pasotismo o mirar para otro lado de las dos administraciones, pese a que quedó demostrado que sabían desde hacía años cuán extrema e insoportable era la vida al borde del embalse.. Seguir leyendo
En julio de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) llegó a la conclusión de que la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Limia (CHMS), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, habían vulnerado los derechos fundamentales de la población que vive al borde del embalse de As Conchas, en el Ayuntamiento de Lobeira (Ourense). No es poca cosa si se tiene en cuenta que a continuación los magistrados citaban el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación estos con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua. La sentencia, considerada histórica en Europa, también reconoció que esta vulneración estaba provocada por la dejadez, inacción, pasotismo o mirar para otro lado de las dos administraciones, pese a que quedó demostrado que sabían desde hacía años cuán extrema e insoportable era la vida al borde del embalse.
La causa era, y sigue siendo, la macroganadería industrial. En torno a 400 granjas de cerdos y pollos proliferan, a la vista y al amparo de las administraciones, a orillas del gran río Limia. Y este curso fluvial, con sus afluentes, sus aguas subterráneas y sus tierras de cultivo aledañas que vomitan purines al cauce, no es otra cosa que la arteria que irriga el estómago emponzoñado que es el embalse de As Conchas.
El problema es que también vomitan los vecinos que rodean la presa, afectada periódicamente —siempre que sube el calor— por episodios de cianobacterias tóxicas que tiñen de verde brillante la superficie del agua. La asociación local que los representa, junto a la federación de consumidores y usuarios CECU —y asesorada y respaldada por el colectivo de abogados ambientalistas ClientEarth y el grupo ecologista Amigas de la Tierra— acaba de volver al TSXG. Acude con una demanda de ejecución forzosa de la sentencia, ante la falta de voluntad de velar por los derechos fundamentales de la población percibida en los gobernantes.
En junio —un año después de la sentencia del Tribunal Superior que condenó a la Xunta y a la CHMS a revertir la situación— el color del embalse de As Conchas volvió a chivarse de que la clase política seguía haciendo caso omiso de una condena firme (confirmada a principios de 2026 por el Supremo) de la que esperaban tomar ejemplo otras zonas de España afectadas por el mismo mal. Pero el color de As Conchas, con la subida del los termómetros, no solo delató que proseguían los vertidos de excrementos de las granjas, sino que contagió, río Limia abajo, al embalse de Lindoso, que se adentra en Portugal desde el municipio ourensano de Lobios.
La posibilidad de que las cianobacterias se extendieran hacia el país vecino por la incapacidad de Galicia para poner coto a las granjas (que alimentan la poderosa industria cárnica de Ourense) y sus vertidos ya había entrado en el debate político del Gobierno y la oposición lusa en 2025. Y este año, al hacerse patente, el tóxico color verde encendió la indignación vecinal al otro lado de la frontera.
La resolución de la justicia española eximía de responsabilidad a los municipios contaminados, también demandados por los vecinos, que no alertaban a los vecinos del riesgo de beber y bañarse. Sin embargo, había ordenado a la Xunta y a la CHMS adoptar inmediatamente “todas las medidas necesarias” para poner fin a la degradación ambiental de la cloaca en que se ha convertido en las dos últimas décadas el embalse de As Conchas y su entorno. También obligaba a garantizar el abastecimiento de agua limpia a la población de la zona. En la actual demanda de ejecución se solicita la declaración de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos y una moratoria a nuevas explotaciones de ganadería industrial y a ampliaciones de las existentes mientras no se revierta la degradación.
“Las administraciones han tenido la oportunidad de cumplir la sentencia firme voluntariamente. No lo han hecho. Ahora corresponde al tribunal garantizar su ejecución. Porque los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado”, defiende Nieves Noval, abogada de ClientEarth. La demanda presentada señala que las únicas actuaciones comunicadas hasta la fecha consisten en “el pago de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y la toma de muestras de calidad del agua”. “Estas actuaciones”, afirma el grupo internacional que representó legalmente a los vecinos, “son insuficientes para cumplir una sentencia que obliga a poner fin a la degradación ambiental de la cuenca, garantizar agua potable segura y restaurar el pleno disfrute de los derechos fundamentales” vulnerados.
La demanda denuncia que durante el último año se han seguido registrando “episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas”, que “persisten los problemas de contaminación y olores” y que “existen indicios de afectación aguas abajo, incluida la presa portuguesa de Lindoso”.
“Retrasar la ejecución de la sentencia pone en peligro a la población de la zona, demuestra una gran falta de responsabilidad y vulnera los derechos fundamentales”, insiste Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra. “La resolución del tribunal es contundente e igual debe ser la acción de las Administraciones que ahora deben tomar las riendas y proteger a la ciudadanía y su entorno. Es urgente restaurar la zona y restablecer el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano”.
La sentencia identificaba actuaciones concretas que la Xunta y la CHMS debían impulsar para revertir la situación, como estudios ambientales y sanitarios; programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua; sistemas de información a la población; vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión ganadera que soporta esta cuenca que atraviesa el castigado sur de la provincia de Ourense. Los demandantes piden que el tribunal establezca “plazos, responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, y que las administraciones informen periódicamente sobre las actuaciones adoptadas, de forma que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas” por los jueces.
“La sentencia de As Conchas ponía de manifiesto la gravedad del impacto de la contaminación sobre los derechos de la población”, , concluye David Sánchez, director de CECU: “La respuesta de las administraciones públicas no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros”.
