El ciberespacio será la nueva responsabilidad del ejército y la policía de Japón a partir de octubre, cuando entre en vigor una ley que permite neutralizar en su origen ataques de gran escala de agentes estatales como China, Rusia y Corea del Norte, los más activos contra sus redes en los últimos años. La llamada Ley de Defensa Cibernética se enmarca en el rearme acelerado emprendido por Japón en los últimos tiempos, que ha cobrado mucha más fuerza con la primera ministra Sanae Takaichi, del ala dura del conservadurismo nipón y que asumió el cargo en octubre del año pasado.. Seguir leyendo
El ciberespacio será la nueva responsabilidad del ejército y la policía de Japón a partir de octubre, cuando entre en vigor una ley que permite neutralizar en su origen ataques de gran escala de agentes estatales como China, Rusia y Corea del Norte, los más activos contra sus redes en los últimos años. La llamada Ley de Defensa Cibernética se enmarca en el rearme acelerado emprendido por Japón en los últimos tiempos, que ha cobrado mucha más fuerza con la primera ministra Sanae Takaichi, del ala dura del conservadurismo nipón y que asumió el cargo en octubre del año pasado.
“La nueva ley habilita al Estado a contraatacar por vía cibernética y neutralizar ordenadores donde tienen su origen ciberataques contra infraestructuras críticas o contra el Gobierno”, explica Jun Osawa, investigador sénior de la Fundación Sasakawa para la Paz (SPF, por sus siglas en inglés). “No hace falta que se haya declarado una guerra”, añade en su despacho de Tokio, situado a cinco minutos del barrio de los ministerios y desde donde asesora sobre ciberseguridad a varios organismos oficiales.
Japón denomina Fuerzas de Autodefensa a un cuerpo armado de unos 220.000 efectivos que en principio solo puede responder después de sufrir un ataque convencional, nunca antes. La Constitución del país, de corte pacifista, recoge en su artículo 9 la “renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación” y por eso “no se mantendrán fuerzas terrestres, navales o aéreas, ni ningún otro potencial bélico”.
Sin embargo, continúa Osawa, “en el ámbito cibernético abundan los ataques que no llegan al umbral de una guerra y, si no se actúa contra ellos, la infraestructura del país queda desprotegida”. El experto señala como punto de inflexión a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 y en la que los ataques cibernéticos precedieron a los misiles.
“Allí quedó claro que los ciberataques, la guerra de la desinformación, lo que en Europa se llama Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (FIMI, por sus siglas en inglés), arrancan mucho antes de que estalle una guerra como tal”, explica Osawa.
A mediados de 2022, el Gobierno japonés propuso la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional y fijó el objetivo del 2% del PIB para el gasto militar, además de impulsar nuevas capacidades de contraataque centradas en el ciberespacio, los misiles hipersónicos y los drones.
En la lista negra de actores cibernéticos vinculados a países extranjeros del Libro Blanco de la Defensa que Japón acaba de publicar, figuran los grupos chinos Salt Typhoon, Volt Typhoon y Flax Typhoon. También se nombran unidades cibernéticas rusas vinculadas al Estado Mayor. En el caso de Corea del Norte, se alude explícitamente a Lazarus, un grupo de saqueo de criptoactivos que opera bajo el Ejército Popular del país.
Osawa alerta, también, del creciente papel de la inteligencia artificial (IA). Los códigos de intrusión pueden ser ya escritos por la llamada IA de frontera, una nueva generación capaz de realizar toda la cadena de ataque: reconocimiento inicial, detección de vulnerabilidades, explotación del sistema y destrucción o robo de información.
Los ataques cibernéticos procedentes del exterior han tenido como blanco instituciones como la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y empresas como Mitsubishi Heavy Industries (MHI), uno de los primeros contratistas militares del archipiélago.
En el sector civil, destacan el ataque con ransomware (secuestro de datos) contra el puerto de Nagoya y el fabricante de bebidas Asahi Holdings, así como la filtración de datos de la telefónica KDDI y el ciberataque a Kojima Industries Corporation, un importante proveedor de componentes para Toyota que obligó al gigante automotriz a detener durante un día entero su producción en el país.
El Gobierno japonés empezó a priorizar la ciberseguridad en el año 2000, tras los ciberataques contra las webs de varios organismos oficiales y creó una oficina que tras varias reformas y cambios de nombres se consolidó en la Oficina Nacional de Ciberseguridad.
Para Mihoko Matsubara, Jefa de Estrategia de Ciberseguridad de la multinacional de tecnologías de la información y las telecomunicaciones NTT, la Ley de Defensa Cibernética Activa deja desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas por estar centrada en la seguridad nacional y sectores vitales como el agua, la energía o el transporte.
En la sede de su empresa en el centro de Tokio, la experta subraya el vínculo estrecho de las pymes, el Estado y las grandes corporaciones, ya que todas ellas “comparten los mismos datos y la misma tecnología”. La también autora de libros divulgativos sobre ciberseguridad, enfatiza no obstante la baja tasa de infección de ransomware en su país. Cita un informe de la firma americana de ciberseguridad Proofpoint según el cual en 2024 Japón tuvo una de las tasas más bajas de infección de ransomware entre los países desarrollados (un 38%, frente al 85% de Alemania, un 77% de EEUU y un 69% de España).
El mismo documento explica que las empresas japonesas suelen pagar menos rescates: la propensión de Japón a los desastres naturales las ha acostumbrado a mantener copias de seguridad y esto les permite recuperar sus operaciones sin tener que negociar con los atacantes. Al hablar de apoyo oficial a las pymes, Matsubara cita de memoria el 017, el número gratuito del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) para compararlo con la contraparte japonesa, la Agencia de Plataforma de Innovación (IPA), que recibe 12.000 consultas anuales, frente a las 140.000 registradas por el organismo español el año pasado.
Asimismo, insiste en la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y recuerda el ataque con ransomware al puerto de Nagoya, que en julio de 2023 paralizó durante dos días la mayor terminal comercial del país. “Por eso Japón decidió que necesitaba tomar medidas más proactivas”, apunta.
La aprobación de la Ley de Defensa Cibernética Activa en mayo de 2025, que contó con el respaldo del Partido Democrático Constitucional —la principal fuerza de la oposición en ese entonces—, es para Matsubara una confirmación del consenso sobre la urgencia del problema.
“Tanto el partido gobernante (el Liberal Democrático, PLD) como la oposición coincidieron en que había que actuar de forma más proactiva, porque ya se habían producido demasiados ciberataques disruptivos contra infraestructuras críticas en todo el mundo”, razona. También menciona la ambigüedad de la expresión “neutralización de ciberataques” contenida en el texto legal y reconoce que ha suscitado inquietud ante una posible vulneración de la privacidad de los ciudadanos.
En marzo de 2025, en pleno debate parlamentario, el diario Tokyo Shimbun, de línea liberal progresista y crítico con el rearme, señaló el riesgo de usar la legislación para labores de vigilancia estatal. En un artículo cuyo título advertía “Podría cambiar la naturaleza del Estado”, el rotativo cuestionó la constitucionalidad de la normativa.
