El caso Cerdán sobre el supuesto amaño de obra pública, que asumió la Audiencia Nacional a principios de año después de que el exministro José Luis Ábalos perdiera el aforamiento ante el Tribunal Supremo, ha experimentado un nuevo impulso en los últimos días. El magistrado instructor Ismael Moreno ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar sus indagaciones a las cuentas bancarias y productos financieros de varios miembros de la familia de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. A su vez, el juez ha ordenado que se facilite a los agentes los “expedientes” que pueda tener la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) sobre tres constructoras salpicadas por la trama, para que analicen esa información y la incorporen en próximos informes.. Seguir leyendo
El caso Cerdán sobre el supuesto amaño de obra pública, que asumió la Audiencia Nacional a principios de año después de que el exministro José Luis Ábalos perdiera el aforamiento ante el Tribunal Supremo, ha experimentado un nuevo impulso en los últimos días. El magistrado instructor Ismael Moreno ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar sus indagaciones a las cuentas bancarias y productos financieros de varios miembros de la familia de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. A su vez, el juez ha ordenado que se facilite a los agentes los “expedientes” que pueda tener la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) sobre tres constructoras salpicadas por la trama, para que analicen esa información y la incorporen en próximos informes.
El magistrado también ha facilitado este lunes a la UCO nueva documentación remitida por la Hacienda de Bizkaia —sobre la esposa y otra sociedad vinculada a Antxon Alonso, el supuesto socio de Cerdán— y ha alertado que está a la espera de recibir un nuevo informe de los agentes sobre otra obra bajo sospecha (el desdoblamiento de los túneles de Belate, en la comunidad de Navarra).
La causa sobre Cerdán constituye una pieza separada del caso Koldo. Las pesquisas sobre un fraude en la compra de mascarillas en la pandemia —por el que fueron juzgados y condenados este año José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, además del comisionista Víctor de Aldama— derivaron en una línea de investigación paralela sobre otra presunta trama corrupta liderada por Cerdán, dedicada supuestamente a tratar de terciar en adjudicaciones y obras públicas. La UCO sostiene que el dirigente socialista la había creado durante su etapa en Navarra (donde fue diputado autonómico y secretario de Organización del PSN), donde contaba con la ayuda de Koldo García. Y que, cuando Ábalos desembarcó en el Ministerio de Transportes y nombró a García como su asesor, extendió esa red a la Administración central.
La tesis de la UCO es que Cerdán se encuentra en la cúspide de la trama y que usaba una empresa (Servinabar) como pantalla para canalizar las presuntas mordidas que recibía por las adjudicaciones. Esa compañía figuraba formalmente a nombre de su amigo Antxon Alonso, pero los investigadores creen que el socialista la controlaba en la sombra. “Santos y su entorno familiar habrían dispuesto de parte de los fondos de la mercantil en diferentes conceptos”, subraya un informe de la Guardia Civil del pasado 15 de julio, que cifró en, al menos, 320.000 euros los “ingresos” que pudo embolsarse el exsecretario de Organización y su familia entre 2015 y 2024.
Este análisis incluía un exhaustivo estudio de la evolución patrimonial del socialista, pero proponía también al juez extender las pesquisas. Los agentes plantearon al magistrado que les autorizase a pedir a cinco bancos la información de una veintena de cuentas y productos financieros vinculados al “entorno familiar” de Cerdán (su esposa, hija, hermana y cuñado, “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar”). Y el instructor Moreno accedió el pasado miércoles: “Se observa una posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán, aflorada a través de indicios como: ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017; y reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo con le etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación”.
“En vista de la estrecha relación con personas de su entorno familiar, se hace necesario poder acceder a la información financiera de ellas en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno”, subrayó la resolución firmada por el juez Moreno, que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO quiere aclarar si fluía el dinero entre ellos y, en su caso, de dónde provenía. De hecho, entre los 320.000 euros de “ingresos” irregulares ya atribuidos al ex alto cargo del PSOE y su familia, los agentes incluyen alquileres de viviendas, el renting de vehículos, la compra de mobiliario, gastos personales a través de tarjetas de crédito y sueldos pagados a la esposa, hermana y cuñado del exdirigente socialista. La Guardia Civil destaca, por ejemplo, 1.300 euros mensuales que Francisca Muñoz, pareja de Cerdán, cobró durante meses de una mercantil de Armilla (Granada) para la que supuestamente no llegó a trabajar nunca. El instituto armado también ha destacado que Servinabar intentó comprar un piso en Madrid para la pareja valorado en un millón de euros.
Paralelamente, el juez Moreno dio luz verde el pasado jueves a la iniciativa de la Fiscalía de recabar los “expedientes” que guarde la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) sobre tres empresas salpicadas por la trama (Mer Construcción, Levantina y OPR). “Son de interés para el esclarecimiento de los hechos”, incide el magistrado, que reclama la información relativa a los “impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023”
Este paso no resulta baladí. El sumario ha vinculado a esas tres compañías y a sus responsables con adjudicaciones de obra pública bajo sospecha. De hecho, el Tribunal Supremo ya imputó e interrogó a varios de sus directivos, a los que incluso retiró el pasaporte y les prohibió salir del país: a José Ruz, de Levantina; a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR; y a Fernando Merino, de Mer Construcción y antiguo alto cargo de Acciona. Los cuatro negaron el pago de mordidas a cambio de contratos.
