Con el curso parlamentario terminado tras el pleno extraordinario de este jueves, el Partido Popular no quiere que se aplaque el ruido en torno a las investigaciones judiciales que rodean al PSOE. Al frente de la acusación particular en algunos de los procesos que afectan a los socialistas, el PP pone de nuevo el foco en el caso Leire Díez ―en el que se investiga una supuesta trama destinada a obstaculizar investigaciones sobre el PSOE y el Gobierno― y, en concreto, en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) del instituto armado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene imputados a ambos por supuestamente utilizar el régimen disciplinario de la Guardia Civil para condicionar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) en estas pesquisas.. Seguir leyendo
Con el curso parlamentario terminado tras el pleno extraordinario de este jueves, el Partido Popular no quiere que se aplaque el ruido en torno a las investigaciones judiciales que rodean al PSOE. Al frente de la acusación particular en algunos de los procesos que afectan a los socialistas, el PP pone de nuevo el foco en el caso Leire Díez ―en el que se investiga una supuesta trama destinada a obstaculizar investigaciones sobre el PSOE y el Gobierno― y, en concreto, en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) del instituto armado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene imputados a ambos por supuestamente utilizar el régimen disciplinario de la Guardia Civil para condicionar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) en estas pesquisas.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha presentado un escrito en el juzgado, conocido este viernes, en el que plantean al magistrado la necesidad de tomar medidas cautelares contra González y Llamas para que pierdan su capacidad de mando sobre la UCO al considerar que “la permanencia de los investigados en la cúspide de la cadena de mando compromete la integridad de la investigación”. El PP argumenta que desde sus puestos de máximos responsables político y operativo, González y el general Llamas “mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar, y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios”. Por ello, añaden, “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”.
Por ello, el PP ―que lamenta la “pasividad” del Gobierno al no haberlos cesado y la decisión de González y el alto mando de seguir en sus puestos pese a su condición de imputados― pide al juez Pedraz que prohíba a ambos “ejercer cualquier facultad de mando”, sobre la unidad “y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción”, que encabeza el teniente coronel Antonio Balas, al frente de las investigaciones que apuntan al Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. También que se les impida “incoar, tramitar o resolver” investigaciones internas [el supuesto instrumento utilizado para condicionar las pesquisas] contra sus agentes, así como el “acceso a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso”. La ley de fuerzas de seguridad del Estado ya limita el acceso de los responsables de los cuerpos policiales a las investigaciones judicializadas, de cuyas pesquisas los agentes solo tienen que dar cuenta al juez que instruya la causa.
El PP también ha planteado al juez Pedraz que cite como imputado al antecesor de González al frente de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al que varios testigos acusan de haber pedido a la UCO que se pusiera “de perfil” en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente y recientemente condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los populares consideran que aquellas instrucciones suponen una injerencia que “excede la mera supervisión jerárquica” y apuntan a “una eventual coordinación” de Marcos con la trama de Leire Díez. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, en rueda de prensa este viernes, ha afirmado que “estas causas [en referencia a los sumarios que afectan al gobierno] tienen que poder investigarse con libertad y no tiene ningún sentido que sigan ejerciendo el mando sobre ellos”.
Los informes de la UCO apuntan que la trama encabezada por la exmilitante del PSOE buscaba “instrumentalizar” las investigaciones internas como “mecanismo de presión” para crear un “clima” de intimidación entre los agentes que participaban en las pesquisas. Y que, para ponerlas en marcha, la exmilitante socialista echó mano de la “relación” previa que tenía con la directora del instituto armado. González, por su parte, se defendió ante el juez Pedraz hace una semana, cuando declaró que se siente una “víctima” política de la supuesta trama encabezada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y Leire Díez. La directora del instituto armado, figura muy próxima y leal a Pedro Sánchez, cuenta con el total respaldo por parte del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También desde que fue imputada por el juez Pedraz.
Además de las medidas cautelares sobre la directora de la Guardia Civil y su número dos, la ofensiva del PP ha incluido una petición al juez Pedraz para que amplíe la investigación sobre Leire Díez; el expresidente de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández; el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez —los tres ya imputados en el caso—; y otros dos cargos de Correos por la supuesta creación de “un puesto a medida” en la institución pública para que lo ocupara Díez. “Este esquema delincuencial es el que condenó la Audiencia [Provincial] de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez y, por lo tanto, hay similitudes y puede haber indicios delictivos”, ha asegurado Ezcurra.
