El Tribunal Supremo ha reanudado su investigación sobre la presunta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta (SALF) tras la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad de su jefe, Luis Pérez Alvise, que se le concedió cuando era diputado al Parlamento Europeo en mayo. El juez Julián Sánchez Melgar, en una carta accesible a EL PAÍS, ha solicitado que el grupo ultra electoral proporcione toda su información contable y ha pedido al Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentados por SALF con respecto a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El juez ordenó a la Policía Nacional que investigara el tráfico de billeteras, supuestamente hechas por Alvise y el empresario Álvaro Romillo, para aceptar donaciones no identificadas destinadas a financiar los costos de la campaña. Puede encontrar más detalles aquí.
El instructor del caso sobre los gastos de campaña de Se Acabó la Fiesta pide un informe a la Policía sobre los monederos virtuales supuestamente creados por el eurodiputado ultra y un empresario
El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.
El Tribunal Supremo ha reactivado la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta (SALF) una vez que el Parlamento Europeo levantó en mayo pasado la inmunidad como eurodiputado de la que gozaba su líder, Luis Pérez, Alvise. El magistrado Julián Sánchez Melgar, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha reclamado a la agrupación electoral ultra toda su información contable y ha requerido al Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF sobre las Elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El juez encarga también a la Policía Nacional que investigue el tráfico de wallets (monederos virtuales) supuestamente creadas por Alvise y el empresario Álvaro Romillo para recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos campaña.
La investigación sobre la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta es la causa de más envergadura de las seis que el Supremo ha abierto ya a Alvise. El tribunal considera que hay indicios de que el líder ultra recibió 100.000 euros de un empresario especializado en criptomonedas para financiar la campaña de las últimas elecciones europeas, en las que SALF consiguió más de 800.000 votos y tres escaños. Alvise admitió en julio de 2025 ante el magistrado Sánchez Melgar que Romillo ―también imputado en el caso― le entregó esa cantidad en efectivo, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña. Fuentes presentes en la declaración señalaron entonces que el eurodiputado aseguró que había usado la mitad de ese dinero para gastos personales y para algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo desmintió esa versión y aseguró que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido.
Un informe de la Policía Nacional concluyó que “resulta a todas luces evidente” que la intención de Alvise era “la obtención de fondos para financiar la campaña electoral” y que, además, debían ser “opacos en el sentido de no declarados y de origen difuso, pretendiendo que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior, ya que el propio eurodiputado alude en un mensaje incorporado al sumario que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.
Pese a los indicios sólidos hallados por los investigadores en la investigación preliminar, la instrucción ha estado parada durante meses a la espera de que el Parlamento Europeo aprobara el permiso necesario (mediante el llamado suplicatorio) para investigar a un eurodiputado. La Eurocámara dio ese paso en mayo y el instructor ha acordado ahora dar luz verde a una batería de pruebas solicitadas por el PSOE, que ejerce como acusación popular, y avaladas por la Fiscalía.
Sánchez Melgar ha ordenado reclamar a SALF su contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, así como la cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, el informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral en las elecciones europeas de 2024. El juez pide también al Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por la agrupación electoral sobre los últimos comicios europeos y solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que investigue el tráfico de wallets creadas por Alvise y Romillo.
El PSOE había pedido también que el líder ultra y el empresario sean citados de nuevo para declarar como investigados, así como un informe sobre el patrimonio de ambos y de Se Acabó la Fiesta. Los socialistas reclamaron también el análisis de los movimientos de sus cuentas “al menos desde el año 2023″. El juez ha optado por “dejar en suspenso” estas pruebas por ahora, pero avanza que “se acordarán en su momento”.
El Supremo encausó por a Alvise en abril de 2025 al apreciar indicios de delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral de su formación. En el escrito entregado al instructor para fijar su postura sobre la petición de pruebas por parte del PSOE, la Fiscalía advierte de que las diligencias practicadas hasta ahora “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas que motivaron la apertura” de esta causa, “aumentando su potencia incriminatoria hasta elevarlas a la categoría de indicios racionales de criminales”.
Esta fue una de las dos primeras causas que abrió el alto tribunal contra el líder ultra. El mismo día que acordó investigar la financiación de Se Acabó la Fiesta, la Sala Penal instó también a indagar si el eurodiputado cometió un delito de falsedad en documento privado y otro de injurias por la supuesta difusión de un bulo sobre el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat Salvador Illa. Desde entonces, ha acordado investigarle también por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 y que han abandonado la formación; por supuestas amenazas al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; y por alentar desde su canal de Telegram al colapso de carreteras e infraestructuras públicas durante unas protestas agrícolas en 2024.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
