Vox va a pedir a la Junta Electoral Central que suspenda el voto por correo de todos los españoles residentes en el extranjero, según ha anunciado el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo. En la actualidad, hay 2,7 millones de ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Figaredo argumenta que a los residentes en el exterior no se les exige identificarse cuando envían su voto por correo, como se hace en España, por lo que tienen menos garantías. De aceptarse su petición, estos españoles solo tendrían acceso al voto presencial en los consulados, que resulta inviable para muchos, dadas las grandes distancias que deben recorrer para llegar a ellos. Vox también pedirá auditar y suspender las nuevas inscripciones en el CERA, argumentando que los más de dos millones de solicitudes presentadas al amparo de la ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados y emigrantes, pueden duplicar en breve plazo el volumen del actual censo electoral en el extranjero.. Seguir leyendo
Vox va a pedir a la Junta Electoral Central que suspenda el voto por correo de todos los españoles residentes en el extranjero, según ha anunciado el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo. En la actualidad, hay 2,7 millones de ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Figaredo argumenta que a los residentes en el exterior no se les exige identificarse cuando envían su voto por correo, como se hace en España, por lo que tienen menos garantías. De aceptarse su petición, estos españoles solo tendrían acceso al voto presencial en los consulados, que resulta inviable para muchos, dadas las grandes distancias que deben recorrer para llegar a ellos. Vox también pedirá auditar y suspender las nuevas inscripciones en el CERA, argumentando que los más de dos millones de solicitudes presentadas al amparo de la ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados y emigrantes, pueden duplicar en breve plazo el volumen del actual censo electoral en el extranjero.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en su guerra contra la Ley de Memoria Democrática y ha reclamado que se paralice, porque considera que el presidente del Gobierno pretende con ella “fabricar dos millones y medio de votantes”, asumiendo que los votos de los nuevos electores irían a parar al PSOE. “Es una modificación sustancial del censo. No puede seguir”, ha señalado el líder del PP sobre el incremento del censo CERA que supone dicho proceso. “Son dos millones y medio de pasaportes para personas que la mayoría nunca han venido a España”, ha indicado Feijóo en la cadena murciana TV7.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también se ha referido este martes a la ley de nietos y a las sospechas de fraude electoral que está sembrando su partido sobre el proceso. “Estamos hablando de un presidente del Gobierno que está en rebeldía constitucional tras tres años sin Presupuestos Generales del Estado, acorralado en una montaña de la corrupción, que está en desacato parlamentario, un presidente a la desesperada, que no es fiable, nos miente todos los días”, ha aseverado García.
También el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, se ha mostrado este martes “preocupado” por las consecuencias de la llamada ley de nietos, aunque sin entrar en insinuaciones sobre hipotéticos fraudes electorales. “Estamos haciendo lo que no está haciendo ningún país europeo, al menos con esta intensidad, con esta velocidad y sin ningún tipo de información. Todo esto tiene que responder a algún interés, no sé cuál”, ha afirmado Rueda en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido en comisión para hacer balance de sus actuaciones como presidente de la delegación española ante el Comité de las Regiones de la UE, informa Xosé Hermida.
Rueda no ha negado, a preguntas de los periodistas, que la concesión de la nacionalidad a los nietos de emigrantes haya sido una demanda histórica del PP de Galicia, la comunidad con una mayor diáspora diseminada por América. Pero ha añadido el requisito de que se debe demostrar “un vínculo con nuestro país”, sin entrar en detalles de qué requisitos se deberían exigir para demostrar tal conexión.
Desde el Gobierno, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha criticado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por alentar con sus declaraciones la sospecha de un pucherazo electoral a través de la ley de nietos. “¿Es que ya sabe lo que van a votar. Está poniendo la venda antes que la herida”, ha dicho, tras calificar las acusaciones de Feijóo de “trumpismo”. Torres ha descrito la intervención del líder de la oposición como “trumpista”, ha dicho que padece “locura paranoica desde que no logró ser presidente” del Gobierno y ha lamentado que haya copiado al milímetro el discurso de Vox sobre el asunto.
En su opinión, insinuar que la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados es “ingeniería electoral”. “Es tomar a los españoles por tontos”, ha añadido. Torres ha defendido el derecho de los nietos de exiliados que tuvieron que huir de España por la represión franquista a recuperar su nacionalidad y ha dicho que la mayoría de las 2,4 millones de solicitudes presentadas se van a aprobar “porque cumplen con los requisitos”.
El sistema del voto por correo prevé que desde los consulados se remita al domicilio de los electores registrados en el CERA el certificado de inscripción en el censo, que estos devuelven, junto a la papeleta de voto, en un sobre prefranqueado y cerrado que se remite posteriormente a España a través de valija diplomática, un procedimiento legalmente inviolable.
Vox no quiere volver al anterior sistema de voto rogado, que obligaba a los españoles residentes en el exterior a solicitar su voto, sino que quiere lisa y llanamente eliminar el voto por correo en el extranjero, alegando riesgo de manipulación, y mantener el voto presencial en el consulado. En la práctica, eso privaría a buena parte de los españoles residentes fuera de España de ejercer su derecho de sufragio, al tener que desplazarse cientos de kilómetros para llegar al consulado más cercano.
Además, Vox pedirá a la Junta Electoral Central que se auditen y se suspendan las inscripciones en el CERA, con el argumento de que los más de dos millones de solicitudes presentadas al amparo de la llamada ley de nietos —en realidad, una disposición de la ley de Memoria Democrática— pueden duplicar en breve tiempo el censo electoral en el extranjero y alterar el resultado de las próximas elecciones. Al contrario que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Figaredo no ha cuestionado la profesionalidad de los cónsules, que tienen la última palabra en la concesión de la nacionalidad española, pero sí de las empresas subcontratadas para gestionar la ingente documentación presentada. En la práctica, la medida que reclama Vox equivale a una suspensión parcial de la Ley de Memoria Democrática, que el partido ultra recurrió en enero de 2023 ante el Tribunal Constitucional, sin que este se haya pronunciado todavía.
