La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, impartió el viernes de la semana pasada instrucciones a los directores de los centros penitenciarios para que, durante los días que dure el periodo vacacional de Semana Santa, se extremen las revisiones periódicas de los sistemas de seguridad de las prisiones y se compruebe la correcta aplicación de las medidas contempladas en los protocolos internos. El objetivo principal, según se recoge en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, es evitar tanto fugas de reclusos como la entrada de droga y objetos prohibidos dentro de las prisiones.. Seguir leyendo
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, impartió el viernes de la semana pasada instrucciones a los directores de los centros penitenciarios para que, durante los días que dure el periodo vacacional de Semana Santa, se extremen las revisiones periódicas de los sistemas de seguridad de las prisiones y se compruebe la correcta aplicación de las medidas contempladas en los protocolos internos. El objetivo principal, según se recoge en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, es evitar tanto fugas de reclusos como la entrada de droga y objetos prohibidos dentro de las prisiones.
Las instrucciones, que entraron en vigor el pasado 27 de marzo y se mantendrán hasta el 7 de abril, se justifican por el “periodo de especial significación en cuanto a la movilización de personas en diferentes eventos y actos” que es la festividad de la Semana Santa. Es habitual que Interior haga hincapié en revisar las medidas de seguridad en los centros penitenciarios en fechas señaladas, como estas o las Navidades.
El documento recuerda a los directores de las cárceles que deberán despachar “diariamente” con el jefe de la seguridad exterior del centro, responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para coordinar la labor de los agentes con la de los funcionarios, así como para “establecer pautas para la revisión periódica” de las medidas de seguridad para detectar posibles “deficiencias”. En este sentido, recuerda que España se encuentra en el nivel 4 ―“riesgo alto”, en una escala de cinco― de alerta antiterrorista, por lo que incide en extremar las medidas de vigilancia en el exterior de las instalaciones penitenciarias y, en concreto, en “edificios, accesos, perímetros, aparcamientos, etc.”.
Respecto al interior de las cárceles, Instituciones Penitenciarias recuerda que los funcionarios no deben entregar en ningún caso a los internos las llaves que dan acceso a las diferentes dependencias comunes. Este recordatorio se produce después de constatar que en diciembre de 2020 dos peligrosos delincuentes, Jonathan Moñiz Alcaide, El Piojo, y su hermano Miguel Ángel, consiguieran evadirse de la cárcel de Valdemoro (Madrid) a través de una de estas dependencias, utilizada para guardar enseres de los reclusos, a la que accedieron tras distraer durante un tiempo la llave y fabricarse una copia de manera rudimentaria.
Interior también incide en extremar la seguridad en celdas, comedores, salas de televisión y otros espacios comunes, que deben ser revisados por los funcionarios al menos dos veces por semana, aunque en algunos casos esas inspecciones tendrán que ser diarias “en función de las características de las personas que albergan o por ser puntos más vulnerables”. En este punto, la instrucción recuerda que en ese control se deberá prestar “especial atención al estado de los elementos estructurales (paredes, techos, suelos…) y mobiliario existente, tanto en las celdas como en las dependencias comunes, al objeto de detectar posibles manipulaciones que tuvieran como objetivo la ocultación de objetos prohibidos, la sustracción de elementos o para intentar la evasión del establecimiento”.
Respecto a lo que se denominan “dependencias modulares” ―gimnasio, taller ocupacional, sala de lectura, …―, reclama que se verifique “el estado y la presencia de todos los elementos existentes en las mismas para el desarrollo de la actividad” para detectar “posibles sustracciones de alguno de estos elementos y la adopción de las medidas de seguridad necesarias para su localización”. En febrero de 2024, Dilawar Hussain Choudhary, autor del triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid), mató a su compañero de celda a golpes precisamente con una pesa sustraída del gimnasio de la prisión de Estremera donde estaba recluido.
Las revisiones de seguridad deberán poner el foco en los barrotes de “todas las celdas, verificando fehacientemente que no han sido manipulados, serrados o deteriorados, procediendo a la retirada de cualquier elemento que pueda dificultar su revisión o disimular posibles manipulaciones”. En diciembre de 2024, Sergio C. D., de 39 años, y David M. G., de 43, dos reclusos de nacionalidad española y encarcelados por delitos de robo con violencia e intimidación en la prisión de Picassent (Valencia), se fugaron tras forzar los barrotes de una ventana, descolgarse con una cuerda hecha con sábanas y forzar un portón de entrada al recinto.
Los patios de los centros penitenciarios son otro foco de preocupación para los responsables de Interior. En este sentido, la instrucción constata “la utilización de drones para la introducción de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos en el interior de los centros penitenciarios”, dejándolos caer en estos espacios comunes. Por ello, reclama que se cumpla con carácter “exhaustivo” la revisión “de forma previa a la apertura de los patios, tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde” para detectar la presencia en los patios de cualquier objeto prohibido antes de que salgan los reclusos. Estos ingenios voladores se han convertido en un quebradero de cabeza para la seguridad de las prisiones, con un incremento muy significativo del número de alertas provocadas por su presencia, según las estadísticas de Interior.
También para prevenir la introducción de droga dentro de las cárceles, el documento incide en prestar “especial atención” a aquellos reclusos sospechosos de traficar o consumir drogas cada vez que celebren una comunicación vis a vis (con contacto físico entre el recluso y sus familiares) o reingresen tras disfrutar de un permiso de salida. Para ello, recuerda la posibilidad tanto de utilizar las unidades caninas desplegadas en los centros como la realización de “cacheos con desnudo integral”. “Estas medidas también podrán ser de aplicación respecto a las personas que acceden a los centros penitenciarios para comunicar con las personas privadas de libertad”, añade el documento. Además, pide organizar la dispensa de medicamentos a los presos enfermos “de forma tal que la cantidad de fármacos a entregar, para tratamiento no directamente observado, sea la menor posible” y evitar así que sean desviados al tráfico dentro de las cárceles.
La instrucción también reclama que durante los próximos días se ejecute de manera “correcta” las rondas nocturnas que hacen los funcionarios y, en concreto, la frecuencia de las mismas. En este sentido, recuerda a los trabajadores penitenciarios que el tiempo que pasa entre una y otra no debe ser superior a las dos horas en los módulos ordinarios y a una hora en los departamentos cerrados y especiales, donde están recluidos los presos más peligrosos.
Por último, Interior ordena prestar “la máxima atención” a la ejecución del Programa Marco de Prevención de Suicidios y a aquellos presos que se encuentren en aislamiento, ya sea por motivos sanitarios o por sanción. También pide extremar esta observación “a aquellas personas que, con previsiones de libertad próximas, se encuentren en situación de falta de arraigo o debilidad de los mecanismos de control externo o de nexos sociales” y “en perfiles delictivos vinculados a la violencia de género, delitos de índole sexual, delitos en la esfera familiar, etc.” Una vez concluido el periodo de vigencia de la instrucción, las direcciones de los centros deberán elaborar, en el plazo máximo de una semana, un informe sobre los resultados de las medidas adoptadas.
