El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno español contra varios preceptos de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, aprobada por Les Corts Valencianes en mayo de 2025 porque colisiona con la legislación estatal. Dos de los preceptos suspendidos son el artículo 17 y la disposición final primera, objeto de polémica desde su redacción porque pretende protege los asentamientos “de interés etnológico del litoral” o “núcleos costeros tradicionales” de los deslindes a los que obliga la ley estatal. La mayoría de estos núcleos provienen de concesiones de legislaciones de costas de los años 30 o 40 en España y tienen fecha de caducidad.. Seguir leyendo
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno español contra varios preceptos de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, aprobada por Les Corts Valencianes en mayo de 2025 porque colisiona con la legislación estatal. Dos de los preceptos suspendidos son el artículo 17 y la disposición final primera, objeto de polémica desde su redacción porque pretende protege los asentamientos “de interés etnológico del litoral” o “núcleos costeros tradicionales” de los deslindes a los que obliga la ley estatal. La mayoría de estos núcleos provienen de concesiones de legislaciones de costas de los años 30 o 40 en España y tienen fecha de caducidad.
El Ejecutivo español impugnó el pasado mes de febrero los dos puntos anteriores más la disposición adicional cuarta de la norma autonómica, que se refiere a la elaboración de un inventario actualizado de los terrenos litorales que, debido a su degradación, puedan haber perdido sus características naturales propias del dominio público marítimo terrestre.
El Tribunal ha suspendido de forma cautelar la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso, el 26 de febrero de 2026, para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, y alega también que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Los grupos parlamentarios de PP y Vox aprobaron en mayo del año pasado la nueva ley de protección y ordenación de la costa valenciana, tramitada con urgencia, que pretende salvaguardar o compensar a los propietarios de los inmuebles afectados por los deslindes de la ley de Costas y compatibilizar su protección con la actividad económica, con un punto de apoyo clave, que no recoge esta ley pero que está regulado en la ya en vigor ley de simplificación administrativa de la Generalitat: la reducción de 500 a 200 metros la posibilidad de construir terciario en el litoral valenciano.
La oposición, PSPV y Compromís, denunciaron que era una ley “negacionista”, en la que el PP se ha sometido a las exigencias de Vox, y “tramposa” porque rebaja la protección del anterior plan de de la costa aprobado por el Consell del Botànic, el Pativel.
El proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ofrece alternativas a los afectados por los deslindes a través de tres figuras de protección, además de reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y de prohibir el fondeo de embarcaciones sobre la posidonia. La norma acabó su tramitación parlamentaria después de que el PP aceptara incluir las 17 enmiendas presentadas por Vox y ninguna de la oposición.
El diputado del PP Wenceslao Alós destacó en el momento de su aprobación en el Parlamento que era un gran día para las asociaciones de pueblos de la costa valenciana que ven que el PP cumple con sus promesas electorales. Es una ley que defiende el patrimonio medioambiental pero también el patrimonio turístico, histórico y económico público y privado, remarcó el parlamentario.
“Es una ley que lucha por los núcleos costeros con valor etnológico. Nos oponemos con esta ley a los deslindes y en contra de expropiaciones sin indemnizaciones a sus legales propietarios”, defendió Alós en alusión a los afectados, propietarios de casas en el litoral, de Torre la Sal, en Cabanes; Tavernes, Guardamar o Dénia.
El Gobierno español y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.
