El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este lunes en Washington los argumentos de un caso que estudia la constitucionalidad de la ley de voto por correo de Misisipi. Ese Estado del sur permite que se cuenten las papeletas llegadas en los cinco días siguientes a la jornada de la votación, siempre que esos sufragios vengan en un sobre con un matasellos previo a la fecha de la cita con las urnas. La mayoría conservadora del alto tribunal pareció inclinarse por tumbar esa norma.. Seguir leyendo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este lunes en Washington los argumentos de un caso que estudia la constitucionalidad de la ley de voto por correo de Misisipi. Ese Estado del sur permite que se cuenten las papeletas llegadas en los cinco días siguientes a la jornada de la votación, siempre que esos sufragios vengan en un sobre con un matasellos previo a la fecha de la cita con las urnas. La mayoría conservadora del alto tribunal pareció inclinarse por tumbar esa norma.
Si lo hicieran, el fallo −previsto para antes del final del curso judicial, en junio o, a más tardar, principios de julio− se aplicaría en todo el territorio estadounidense. Al menos otros 18 Estados y territorios permiten que cuenten las papeletas después del día de la votación.
Cambiar las reglas electorales es una de las obsesiones de Donald Trump, que designó durante su primer mandato a tres de los seis magistrados conservadores del Supremo. El presidente de Estados Unidos lleva semanas cargando contra la institución; en especial, contra los tres jueces conservadores que votaron para tumbar su política arancelaria.
Desde la derecha de la bancada, hubo este lunes muchas preguntas al abogado que representaba a Misisipi sobre cuándo podía darse por terminada una elección. Las tres jueces liberales rechazaron, por su parte, los argumentos contrarios, presentados por el Comité Nacional Republicano y la Administración de Trump. Estas recordaron que la potestad de establecer sus reglas electorales es de los Estados, pese a que el presidente de Estados Unidos llamó recientemente a los republicanos a “nacionalizar las elecciones” a tiempo para la cita del próximo mes de noviembre, en la que está en juego el control de una o de las dos cámaras.
Trump considera el voto por correo, salvo en unos contados casos, como uno de los peores fallos de la democracia estadounidense actual. Este aumentó considerablemente con la pandemia. En las elecciones de 2020, el republicano pasó meses alertando sobre un supuesto fraude electoral, y cuando perdió claramente frente al demócrata Joe Biden, se negó a aceptar el resultado. Aún lo hace.
El presidente lleva meses presionando para que el Capitolio saque adelante una ley electoral que cambiaría las reglas de votación para, según sus argumentos, evitar el fraude y que los inmigrantes indocumentados participen, pese a que los datos indican que el número de los que lo hacen es extremadamente residual. Esa norma también propone endurecer los requisitos para registrarse para votar, al exigir que se aporte como prueba de identidad el pasaporte o el certificado de nacimiento.
Los críticos con esa ley alertan de que algo así vulneraría los derechos de millones de personas: en torno a la mitad de los estadounidenses carece de pasaporte y las mujeres que se cambian el apellido al casarse tendrían un problema con sus certificados de nacimiento. La norma ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y está siendo considerada por el Senado, donde necesita cosechar 60 escaños, lo que es altamente improbable. Otra opción es que los republicanos desactiven el filibusterismo, en virtud del cual una decisión de ese calado precisa de una mayoría cualificada para salir adelante.
El caso que ahora se estudia en el Supremo tiene su origen en una demanda de 2024 del Comité Nacional Republicano, el Partido Republicano de Misisipi y varios votantes individuales, que consideran que las reglas en ese Estado del Sur son contrarias a las federales. Un juez dio razón en primera instancia a Misisipi, por lo que la ley pasó también el examen del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos.
No es este el único asunto electoral a examen en el Supremo estadounidense: hay además una impugnación republicana que busca quitar el límite de gasto de los partidos políticos en coordinación con los candidatos y una demanda presentada por un grupo de votantes blancos de Luisiana que alegan que la creación de un segundo distrito electoral violó la Constitución. Para conocer las tres decisiones del alto tribunal, que podrían cambiar las reglas electorales que rigen en este país desde hace décadas, habrá que esperar unos meses aún.
