Después de un año y medio en prisión después de las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024, el líder de la oposición William Dávila fue liberado completamente después del ataque militar estadounidense el 3 de enero. Regresó a casa con mala salud, pero está decidido a recuperar lo que se perdió: el coche que le quitaron. Ella sigue esperándolo. Este no es un incidente aislado. Lecturas adicionales
Luego de pasar año y medio preso tras las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024, el dirigente opositor William Dávila recuperó la libertad plena después del ataque militar estadounidense del 3 de enero. Volvió a su casa con quebrantos de salud, pero está decidido a reclamar lo que le falta: que le devuelvan el auto que le confiscaron. Todavía lo está esperando. No es un caso aislado.
“Cuando yo caí preso, me quitaron el apartamento”, relata Enrique Márquez, político opositor, ex candidato presidencial y fundador del partido Centrados. “La policía me arrestó saliendo de mi casa, me quitaron las llaves y se metieron. Se llevaron mi computadora y efectos personales buscando información. Se robaron dinero, artefactos de cocina, ropa, cuadros. Nos dejaron quebrados”.
Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del político opositor Leopoldo López —ambos en el exilio hace años—, denunció hace unos días que recientemente su residencia en Caracas fue tomada y “saqueada” por las autoridades: se llevaron los cuadros de la sala, las mascotas (dos perros y dos loros), las fotos de familia y los enseres de la cocina. Desde el exilio, Magalli Meda, líder de Vente Venezuela, ha hecho una denuncia similar.
En 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Extinción de Dominio, una pieza más de la arquitectura represiva del país, un instrumento que permite al gobierno tomar bienes de actividades ilícitas (corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada) sin compensación. En Venezuela se trata de un proceso independiente de la responsabilidad penal, imprescriptible y aplicable a bienes muebles, inmuebles o activos digitales.
Esta ley fue aprobada en tiempos de la purga anticorrupción que impulsó Nicolás Maduro contra su aliado Tarek El Aissami, entonces ministro de Petróleo. El proceso se desató tras el escándalo PDVSA-Crypto, que causó un grave daño patrimonial al Estado. Persigue confiscar bienes producto de actividades ilícitas y recuperarlos para la utilidad pública. La dirigencia del PSUV presentó la propuesta para mostrar una actitud intransigente ante uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
Pero es también un instrumento legal que fue aprobado en uno de los momentos más tensos de la confrontación con la oposición, con el liderazgo de María Corina Machado ganando fuerza a nivel nacional, y una dirigencia revolucionaria que, sintiéndose amenazada, había perdido toda paciencia y miramientos con sus adversarios. En ese contexto, se buscaba ajustar cuentas con algunos miembros de la oposición política, que ya por entonces rozaban la desobediencia civil, muchos de los cuales terminaron siendo enemigos personales de la jerarquía revolucionaria.
No es raro ver en Caracas estos meses patrullas de la policía bolivariana que portan un rótulo que usan para informar que determinada propiedad fue confiscada a la corrupción en función del interés general. En los matices interpretativos de la ley, o bajo su amparo, funcionarios del Estado chavista se apoyan para despojar a presos políticos, a civiles acusados de corrupción o a familias amenazadas.
“La Ley de Extinción de Dominio ha sido el paraguas para que se cometan todas estas atrocidades contra presos políticos y políticos opositores”, comenta el abogado y profesor universitario Joel García, quien ha trabajado en la defensa de algunos dirigentes políticos. El litigante considera que esta es una ley que, en países democráticos y en circunstancias normales, puede ser muy útil para combatir la corrupción y el lavado de dinero. “Los delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción están vinculados normalmente con la acumulación de bienes”, explica. “Son leyes necesarias para recuperar bienes robados, que solo se aplican tras una sentencia firme, con derecho a la defensa y garantías constitucionales”.
En el espíritu de aprobación de la ley, los legisladores del chavismo dieron a algunos políticos opositores un trato similar al de un capo internacional. “Es una ley que se aplica de forma ejecutiva, sin necesidad de sentencia judicial, para arrasar con los bienes patrimoniales de cualquiera sin que quede rastro”. Aunque la ley le ha colocado soporte al procedimiento, García afirma que este proceso ha sido “normal” en la mecánica de los funcionarios oficialistas en este tiempo. “Tiene mucho tiempo sucediendo: oficinas, apartamentos vacacionales, propiedades que son traspasadas a terceros, a desconocidos”.
“La compañía de mi esposo fue tomada por la policía política, llegaron una tarde y nos tomaron de sorpresa”, cuenta María —su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad—. Su esposo, hoy preso, es el gerente y socio fundador de una importante compañía venezolana que explota petróleo en el oriente del país y que está asociada con el Estado. El gobierno los acusó de acumular explosivos en el contexto de un plan conspirativo denunciado el año pasado. La policía halló explosivos en la compañía que son usados para las labores de exploración de crudo.
Este es su relato: “La empresa fue tomada como si fuéramos narcotraficantes. Se llevaron nuestras camionetas, las usan con total normalidad. Tengo mi casa custodiada y no he podido regresar desde hace siete meses. Huí hace cuatro meses a Colombia con mis dos hijas, pero luego decidí regresar y todas nuestras propiedades en Maturín —ciudad del oriente venezolano, donde funciona la empresa y donde vivían— las tienen tomadas, no podemos ir para allá. También las de mi cuñado y mi suegro. Nos enteramos de que han tomado activos de la empresa para trabajar por su cuenta en la perforación de pozos petroleros. Lo paradójico es que PDVSA tiene una deuda grande con la compañía de mi esposo, que no ha pagado”.
Antonio Ledezma, político opositor, exalcalde de Caracas, cuenta su caso desde el exilio en España: “En agosto de 2023 tomaron mi apartamento, le cambiaron la cerradura. Y ya nos habían quitado una casa vacacional, propiedad de mi suegro, que teníamos en Naiguatá (costa central del país, a 40 minutos de Caracas)”. Mientras vivía en Venezuela, Ledezma mantuvo una actitud muy frontal con Hugo Chávez. Y Maduro lo convirtió rápidamente en enemigo. “En mi casa en Caracas se metieron tres veces. La última vez le colaron un precinto. Habían pedido a España mi extradición. Además, tomaron mis oficinas. No sabemos qué pasó con nuestras pertenencias. He tratado de seguir adelante. A mi esposa le ha dolido mucho”.
Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal, denuncia que en la lista de personas que han sido judicializadas en estos años, y que ahora se animan a denunciar, hay algunas que fueron acusadas penalmente buscando únicamente apropiarse de sus bienes. “Algunos casos son muy graves”, asegura. Himiob comenta que estos procedimientos no deberían sorprender a nadie: “Lo hicieron regularmente los nazis; los sirios con Bachar Al Assad; lo hicieron en Nicaragua. Son procedimientos totalmente normales en el autoritarismo. Gente que cae presa, le quitan sus cosas y que, al quedar liberadas, no se las regresan”.
