El precio de no acordar

Si los Presupuestos catalanes encallan esta semana en el Parlament, la amenaza de inestabilidad no se limitará solo a Cataluña. Y no solo porque vuelvan a sonar tambores de adelanto electoral en la Generalitat sino porque un rechazo a las cuentas dejaría profundos rasguños en la ya complicada relación de los socialistas con sus socios de Esquerra Republicana, tanto en Barcelona como en Madrid. Salvador Illa, que ha hecho de la estabilidad institucional su bandera en Cataluña, se juega mucho. Pero también Oriol Junqueras arriesga no poco capital político.

Desde hace meses el presidente catalán ha procurado ir cumpliendo los acuerdos con ERC y Comuns que permitieron su investidura hace un año y medio con el pacto para la financiación autonómica como principal hito. Cuando parecía que esto allanaba el camino para que Illa pudiera aprobar sus primeros presupuestos al frente de la Generalitat —ahora funciona con los que hizo Pere Aragonès en 2023—, ERC optó por poner el foco no tanto en sus logros, que no son pocos, sino en lo que queda por cumplir del acuerdo de investidura. Aquí apareció su gran reivindicación pendiente: la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat. Aunque Illa y el PSC siguen diciendo que esto podrá cumplirse, en el futuro no hay señales de avance en el frente del Gobierno central, lo que ha puesto en alerta a ERC.

Nadie en la Generalitat se atreve a pronosticar cómo acabará la votación del viernes, pero el hastío es importante. En las filas socialistas no se entiende que ERC invistiera a Illa y ahora le escatimen los presupuestos. En Esquerra la desconfianza por la cuestión del IRPF va a más y también les pesa la eterna presión de Junts, siempre dispuesta a señalar las debilidades negociadoras de sus rivales independentistas sin evaluar las propias.

Si el guion de esta historia hubiera sido redactado en 2017 o durante cualquiera de los años duros del procés, el desenlace ya estaría escrito: presupuestos rechazados, derrota del Gobierno catalán y elecciones anticipadas por sexta vez consecutiva. Pero la sociedad catalana de 2026 no es la de 2017. Sin renunciar a sus propias posiciones, los ciudadanos están pidiendo acuerdos que eviten nuevos bloqueos. Las últimas encuestas oficiales de la Generalitat así lo reseñan. El 52% de la población es partidaria de favorecer la estabilidad aunque ello comporte algunas renuncias. Y no solo el electorado del partido gobernante lo reclama. Lo defiende hasta el 63% de los votantes de ERC y el 58% de los de Junts. Y cuando se pregunta por si hay que priorizar los presupuestos pese a la falta de mayorías estables, el 70% lo apoya, incluidos ocho de cada diez votantes de ERC. Solo son encuestas, sí, pero las últimas crisis que han afectado a Cataluña, como la de los trenes o la de la sequía, dejan el mensaje de que pocos quieren volver a la incertidumbre que implica seguir con unos presupuestos de 2023. Quien lea bien entre tantas inquietudes se llevará el gato al agua.