La justicia de Corea del Sur ha condenado por insurrección a un ex jefe del Estado por primera vez en casi tres décadas. Yoon Suk-yeol, el mandatario que el 3 de diciembre de 2024 sorprendió al mundo al decretar en directo por televisión la ley marcial, ha sido declarado culpable de dirigir una insurrección y abusar de su autoridad, y condenado a cadena perpetua este jueves por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. El fallo sitúa su nombre junto al del dictador Chun Doo-hwan, condenado en 1996 también por insurrección, y marca uno de los momentos judiciales más trascendentales desde la transición democrática del país, un aliado clave de Estados Unidos en la región.. Seguir leyendo
Corea del Sur ha condenado por insurrección a un antiguo jefe del Estado por primera vez en casi tres décadas. Yoon Suk-yeol, el mandatario que el 3 de diciembre de 2024 sorprendió al mundo al decretar en directo por televisión la ley marcial, ha sido declarado culpable de dirigir una insurrección y abusar de su autoridad y condenado a cadena perpetua este jueves por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. El fallo sitúa su nombre junto al del dictador Chun Doo-hwan y marca uno de los momentos judiciales más trascendentales desde la transición democrática del país, un aliado clave de Estados Unidos en la región.
El delito de insurrección, tal y como lo define el Código Penal surcoreano, castiga a quien se alce para derrocar los órganos del Estado establecidos por la Constitución o para impedir por la fuerza el ejercicio de sus funciones. Es una de las pocas excepciones a la inmunidad de la que gozan los presidentes en ejercicio (junto al delito de traición) y constituye uno de los tipos penales más severos del ordenamiento jurídico del país, que puede acarrear incluso la pena de muerte. No obstante, existe una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997.
El presidente del tribunal, Ji Gwi-yeon, ha precisado durante la lectura del fallo que declarar de forma indebida la ley marcial no constituye automáticamente un delito de insurrección. Sin embargo, si esa declaración se traduce en impedir que la Asamblea Nacional (el Parlamento) ejerza sus funciones (es decir, si se vulneran sus derechos y se bloquea su capacidad de actuación), entonces sí puede considerarse un acto dirigido a perturbar el orden constitucional. Además, el juez Ji explicó que todas las actuaciones posteriores a la declaración de la ley marcial (incluido el despliegue de tropas y el intento de controlar el Parlamento) constituyeron actos de alteración violenta.
El tribunal concluyó que Yoon y el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, actuaron con el propósito de paralizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y perturbar el orden constitucional. Para fundamentarlo, aludió expresamente a las imágenes de aquella noche, incluida la entrada por la fuerza de soldados en el Parlamento.
El delito de insurrección se había aplicado previamente contra un jefe del Estado en 1996, cuando el dictador Chun Doo-hwan fue condenado por liderar el golpe militar de 1979 y por la represión de Gwangju de 1980. Desde entonces, el cargo se asocia a los episodios más traumáticos de la transición democrática surcoreana. En el caso de Chun, que fue sentenciado inicialmente a muerte, su pena fue conmutada por cadena perpetua y terminó siendo indultado en 1997.
Fuera del tribunal, el veredicto se ha seguido en un clima de fuerte polarización, con partidarios y detractores de Yoon concentrados en las inmediaciones del edificio. Se ha desplegado cerca de un millar de agentes para evitar enfrentamientos.
La Fiscalía sostenía que Yoon cruzó una línea roja la noche del 3 de diciembre de 2024, al declarar la ley marcial sin que existiera una guerra o emergencia nacional que la justificase, y al movilizar fuerzas militares y policiales para bloquear físicamente la actividad parlamentaria. La acusación argumentó que su decisión no solo paralizó el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino que también “destruyó el orden constitucional liberal democrático” y pidió que se condenara a Yoon con la pena capital.
En un discurso televisado, el entonces mandatario surcoreano argumentó que el motivo de decretar la medida extrema era que la oposición, que ostentaba la mayoría parlamentaria, estaba paralizando al Gobierno y actuando como una fuerza “antiestatal” con simpatías hacia Corea del Norte.
El magistrado Ji ha sostenido durante la lectura de la sentencia que la acusación formulada por la Fiscalía estaba “justificada sobre al base de la preponderancia de pruebas” y rechazó los argumentos de la defensa de Yoon, que había alegado que parte de las evidencias fueron obtenidas de manera ilegal. El expresidente había intentado invalidar el proceso desde su base, cuestionando la legalidad de la investigación, pero el tribunal ha confirmado que tanto la Fiscalía como la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) actuaron dentro de sus atribuciones.
El tribunal debía pronunciarse asimismo sobre la acusación de que ordenó a las tropas irrumpir en la Asamblea Nacional para expulsar por la fuerza a diputados opositores y detenerlo, así como desplegar soldados y policías para bloquear y controlar accesos a edificios estratégicos, incluida la sede del principal partido de la oposición.
La medida extrema apenas estuvo vigente durante seis horas. De madrugada, un número suficiente de diputados logró reunirse y revocarla en una votación extraordinaria celebrada mientras agentes movilizados por Yoon trataban de acceder al hemiciclo para impedirlo, y miles de ciudadanos salían a las calles a manifestarse contra la decisión presidencial. Ante la creciente presión política y social, Yoon anunció su retirada.
Aquella fue la primera vez desde 1980 que se imponía la ley marcial en Corea del Sur, un país cuya memoria colectiva sigue marcada por el pasado autoritario. Las imágenes de diputados forcejeando con soldados y de manifestantes concentrados en las calles de Seúl dieron la vuelta al mundo y abrieron una crisis institucional sin precedentes en décadas.
Yoon, antiguo fiscal general del país, fue destituido como jefe del Estado por el Tribunal Constitucional el pasado abril, lo que abrió la puerta a que la justicia siguiera adelante investigando otros cargos criminales relacionados con la ley marcial. El mes pasado, fue condenado a cinco años de prisión en el primero de los procesos derivados de su intento de imponer la medida extrema, tras quedar probado que utilizó a su equipo de seguridad presidencial para obstaculizar su propio arresto y que falsificó un documento en el que atribuía a otras autoridades un respaldo inexistente. Su detención, en enero de 2025, que requirió más de 3.000 agentes y dos intentos, marcó un punto de inflexión en la crisis institucional, que desde entonces ha estado dirimiéndose en los tribunales.
El expresidente, que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, tiene aún otros siete juicios pendientes, cinco de ellos relacionados con la imposición de la ley marcial. Está también acusado de abuso de poder, de falso testimonio y de“beneficiar a un Estado enemigo”, a raíz del presunto envío de drones a Corea del Norte con el objetivo de avivar la tensión entre los dos vecinos en 2024.
