Una jueza archiva la causa contra Hazte Oír por desplegar una lona gigante contra Pedro Sánchez frente al Congreso

La jueza instructora María Dolores Baeza ha archivado la causa abierta al grupo ultracatólico Hazte Oír por desplegar una lona publicitaria frente al Congreso contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, con el lema de “corrupto”. La magistrada concluye que esa iniciativa carece de “relevancia penal” y se enmarca “dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos, que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. Fuentes de los socialistas anuncian que recurrirán esta decisión.

Hazte Oír instaló el 19 de mayo de 2025, en un edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, “una lona de grandes dimensiones” (de cerca de 253 metros cuadrados) con la fotografía del jefe del Ejecutivo junto a la palabra “corrupto”. Al fondo de la imagen se veían varias carpetas de expedientes con los textos “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo”, “caso PSOE”, “caso Hermano”, “caso fiscal General de Pedro Sánchez” y “caso hidrocarburos”. También aparecía una referencia a la web elcapo.org.

El PSOE presentó una denuncia y un juzgado ordenó la retirada de la lona como medida cautelar. Pero, en los días posteriores, se colocaron pancartas similares en puentes y pasarelas de Madrid; y un camión circuló por la capital con carteles con la misma imagen. También, el 28 de mayo de 2025, el grupo ultra difundió cómo varias personas proyectaban un haz de luz hacia la fachada del Congreso con la expresión “Sánchez corrupto”.

La magistrada María Dolores Baeza, que ocupa la plaza número 12 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (antiguo Juzgado de Instrucción 12 de la capital), explica ahora que la lona desplegada tenía un “contenido de alcance político” y, a través de ella, “se pretendía exponer de forma pública una crítica hacia el presidente del Gobierno”. Por ello, según considera, esta acción se encuentra amparada por la “reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fija que los límites permisibles de crítica son más amplios cuando el afectado ostenta un cargo público”. “La crítica es inseparable de todo cargo político”, añade.