Marruecos reconoce que se ha inspirado en el modelo de comunidades autónomas español en la propuesta de estatuto de autonomía que presentó el pasado fin de semana en Madrid al Frente Polisario, pero retiene un amplio control sobre el poder político y los símbolos de soberanía. El texto, según lo filtrado en sus grandes líneas este jueves a medios marroquíes, establece un Gobierno y un Parlamento autónomo, incluso una policía autonómica, aunque con características singulares. El estatuto del Sáhara deberá ser aprobado mediante referéndum. Marruecos entiende que al quedar integrado en la Constitución, con una cláusula de inviolabilidad que limita su revisión, debe ser votado por todos los marroquíes, y no solo por los habitantes del territorio saharaui, lo que cierra el paso a que se interprete como una consulta de autodeterminación.. Seguir leyendo
Marruecos reconoce que se ha inspirado en el modelo de comunidades autónomas español en la propuesta de estatuto de autonomía que presentó el pasado fin de semana en Madrid al Frente Polisario, pero retiene un amplio control sobre el poder político y los símbolos de soberanía. El texto, según lo filtrado en sus grandes líneas este jueves a medios marroquíes, establece un Gobierno y un Parlamento autónomo, incluso una policía autonómica, aunque con características singulares. El estatuto del Sáhara deberá ser aprobado mediante referéndum. Marruecos entiende que al quedar integrado en la Constitución, con una cláusula de inviolabilidad que limita su revisión, debe ser votado por todos los marroquíes, y no solo por los habitantes del territorio saharaui, lo que cierra el paso a que se interprete como una consulta de autodeterminación.
El rey de Marruecos se reserva el derecho de investidura del presidente del Ejecutivo regional, y en la Cámara legislativa se sientan tanto diputados electos en votación popular como designados en representación de las tradicionales tribus saharauis, según la información publicada por el digital Le Desk. Los agentes regionales limitarán sus funciones a misiones de policía administrativa y judicial local, bajo coordinación de las fuerzas de seguridad nacionales. El reino jerifiano, celoso guardián de su unidad identitaria, prohíbe además que en el Sáhara autónomo pueda ondear una bandera propia —solo se autoriza la enseña nacional rojiverde— y que pueda abrir delegaciones o representaciones en el exterior.
El poder central de Rabat se reserva competencias en materia de defensa, relaciones exteriores, nacionalidad o de emisión de moneda, como en cualquier sistema de inspiración federal, y ofrece al Sáhara autónomo la gestión sobre sanidad, educación, urbanismo, economía regional (pesca, turismo…) y cultura, entre otras atribuciones. También prevé una fiscalidad y un sistema judicial (sobre materias autonómicas) propios. Pero el proyecto de Estatuto atribuye al Estado cualquier otra materia no detallada en el articulado, en una interpretación inversa del principio de subsidiaridad que, en caso de laguna legal, asigna la titularidad a la Administración más cercana al ciudadano.
Las 40 páginas de la propuesta para el Sáhara de Rabat han sido presentadas en Madrid en una iniciativa de diálogo directo apadrinado por Estados Unidos sobre la base de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 31 de octubre sin votos en contra, que planteó “una verdadera autonomía” como el objetivo “más factible” para una solución política del contencioso sobre la antigua colonia española. Masad Boulos, enviado para asuntos de África y el mundo árabe del presidente Donald Trump, y el representante de su país en la ONU, Mike Waltz, coordinaron en presencia de Staffan de Mistura, enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental la reunión entre los jefes de la diplomacia de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, en un contacto diplomático sin precedentes desde 2019.
Por lo que se sabe hasta ahora, en El Aaiún no podrá ondear una ikurriña saharaui inspirada en la bandera del Frente Polisario. Los símbolos de soberanía de Marruecos quedarán al margen de cualquier competencia autonómica, propia o compartida. El Estado exige también al nuevo poder autónomo lealtad constitucional y la obligación de respetar la unidad nacional. Queda excluida expresamente toda interpretación que abra la vía al derecho de secesión del Sáhara Occidental. El jefe del Gobierno regional se convierte además en representante del Estado en el territorio autónomo, donde ya no habrá walis, gobernadores o prefectos designados desde Rabat.
De entrada, el Frente Polisario sigue rechazando que la negociación se centre exclusivamente en el plan de autonomía marroquí y reclama que el Sáhara pueda lograr la autodeterminación por la vía de un referéndum en la que se incluya la opción de la independencia. Pero además se opone frontalmente a que en la propuesta de autonomía la investidura del presidente autonómico quede en manos del soberano marroquí mediante “un sistema institucional supervisado”.
Recursos naturales
La controversia también se ha constatado entre las partes en las inversiones extranjeras en la región. La explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental –como la pesca, la minería o las energías renovables– representarán la principal fuente de ingresos para la Hacienda autónoma. El texto estatutario de Rabat impone un doble control –estatal y autonómico– para dar luz verde a la presencia empresa de otros países. En una especie de cupo, el Sáhara autónomo contribuirá con parte de su recaudación tributaria al sostenimiento de gastos del Estado, aunque también tendrá acceso a un fondo de solidaridad interterritorial de Marruecos.
El proyecto de estatuto de autonomía no es todavía un documento cerrado. EE UU ha vuelto a convocar a las partes reunidas recientemente en Madrid el próximo mes de mayo, en Washington, con la intención de sellar un acuerdo marco que dé paso a negociaciones directas. Antes deberán acordar las funciones del denominado comité técnico permanente (juristas y expertos de las partes), que debe evaluar el plan de autonomía de Marruecos, bajo supervisión del gigante norteamericano y de la ONU.
